La diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía al Instituto de la Defensoría Pública en Michoacán.
Los procesos electorales que resulten manchados por el homicidio doloso de cualquiera de los candidatos, “pierden autenticidad, libertad y equidad, así que deberían causar nulidad”, propuso el diputado por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa.
El reciclaje, la reutilización y la disposición responsable de la denominada “basura electrónica” será obligatorio en las oficinas públicas de los gobiernos municipales, instituciones educativas y comunidades de cada demarcación.
Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas del Estado para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito.
La Universidad siempre será respetuosa de las resoluciones judiciales, y se agotarán los recursos que existan para que se restablezca el servicio educativo.
La iniciativa busca castigar videovigilancia ilegal, espionaje digital, rastreo ilícito y suplantación de identidad, para cerrar vacíos legales frente al cibercrimen.
La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó una iniciativa de reforma para garantizar que las presidentas y presidentes municipales mantengan contacto directo y permanente con la ciudadanía, a través de audiencias públicas obligatorias.
