Presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, a fin de que las autoridades educativas celebren convenios para las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario.
Tras reconocerse la coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, mandos de las diferentes corporaciones refrendaron el trabajo en equipo y comunicación permanente para frenar actividades ilícitas en los municipios.