Morelia, Michoacán a 07 de diciembre del 2011. Con la conferencia “Liderazgos Entrañables”, la Coordinación de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), finalizó actividades en la región Morelia que agrupa a 25 municipios de la geografía michoacana.
El encargado de despacho de la presidencia de la CEDH, Marco Antonio Tortajada Zamora, encabezó la actividad de capacitación, la cual contó con la asistencia del Secretario Ejecutivo, Luis Alberto Montaño García y la coordinadora de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Mónica Andrade Molina; personal del Sistema DIF de Morelia, de instancias municipales de la mujer, organizaciones civiles y público en general.
La conferencia corrió a cargo de la especialista Tzitziqui Peña Belmonte, quien ha enfocado su labor a la conformación de dos modelos para la prevención, detección e intervención contra la violencia intrafamiliar, además de usar la metodología transpersonal a través de la psicología Gestalt.
A la actividad asistieron Martha Lizbeth Espinoza Guzmán del DIF Morelia; Jesús Alberto Lázaro, de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar; Ana Lucía Sedano, del Instituto de la Mujer Moreliana; y María Teresa Tinoco Zamudio, de la Secretaría de Salud en Michoacán.
La región Morelia dentro del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres agrupa a los municipios de Acuitzio, Álvaro Obregón, Chucándiro, Cuitzeo, Copándaro, Coeneo, Pátzcuaro, Morelia, Lagunillas, Huiramba, Huaniqueo, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Charo, Zinapécuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Tzitzio, Queréndaro, Villa Madero, Erongarícuaro, Salvador Escalante, Huandacareo, Indaparapeo, Morelos y Puruándiro.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, presentó una iniciativa de reforma electoral que contempla ampliar y fortalecer los mecanismos de democracia directa en la entidad.
El diputado Toño Carreño Sosa advirtió que una verdadera reforma electoral debe impedir forzosamente la participación de la delincuencia organizada, es decir, que nadie pueda recibir financiamiento ilegal sin las consecuencias correspondientes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso destacó que escuchar a la ciudadanía es clave para construir leyes que realmente garanticen derechos.