Delegado en Michoacán señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impulsa acciones para acabar con la violencia en contra de los trabajadores.
05:22 PM 25/11/2011
Al conmemorarse este 25 de noviembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social afirma que en ninguna circunstancia o espacio de la vida humana, la violencia debe ser tolerada como una expresión del comportamiento humano.
La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y en especial la que se ejerce contra las mujeres, la niñez o los grupos vulnerables, debe ser anulada de la vida personal y social, inclusive como vía para resolver divergencias o conflictos.
Vivir una vida libre de violencia y de maltrato en los centros de trabajo, en los hogares, en las escuelas o en las calles, no debe ser una utopía: es un derecho que debemos convertir en una experiencia cotidiana de recreación del ser social.
Aunque la violencia laboral puede ser padecida tanto por mujeres como por hombres, ellas siguen siendo las principales víctimas. Su situación en el mercado laboral presenta claras desventajas, entre otras: subvaloración del trabajo femenino, discriminación laboral, ambientes violentos y hostiles. Estos factores, además de limitar la participación económica de la mujeres, reproducen roles femeninos y masculinos que derivan en desigualdad.
Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, indican que 30.1 por ciento de las mujeres de 15 y más años ocupadas como empleadas, obreras o jornaleras en México, afirman haber sufrido algún tipo de violencia laboral; sea por discriminación (23.8 por ciento o acoso moral, físico o sexual 12.5 por ciento).
De aquellas que sufrieron discriminación laboral, a 35.9 por ciento le solicitaron la prueba de no embarazo como requisito de contratación; 8.9 por ciento fueron despedidas, no las recontrataron o les redujeron el salario debido a su edad o estado civil; y a 3.2 por ciento las despidieron, no les renovaron el contrato o les disminuyeron el sueldo por embarazarse.
La STPS creó la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de reconocer a las organizaciones públicas y privadas que cuentan con prácticas laborales destacadas y que fomentan la inclusión e igualdad laboral.
Para certificarse en la Norma, se debe cumplir con tres puntos medulares: 1) Anuncios de vacantes con lenguaje no sexista. 2) Prohibición de la solicitud del examen de no gravidez o de VIH/SIDA como requisito de contratación. 3) Existencia de un mecanismo de prevención, atención y sanción de las prácticas de violencia laboral (acoso moral, hostigamiento y acoso sexual).
La Iniciativa de Reforma Laboral incluye el término de Trabajo Decente, lo cual implica que toda norma o ley que se reforme o emita deberá incluir las condiciones mínimas que deben imperar en una relación laboral: dignidad humana de la o del trabajador; no discriminación; acceso a la seguridad; salario remunerador; capacitación y productividad; seguridad e higiene; libertad de asociación y autonomía y democracia sindical; derecho de huelga y contratación colectiva.
La iniciativa establece como prohibición para los patrones y los trabajadores realizar hostigamiento o acoso sexual, respectivamente, sancionando dichas conductas en los centros de trabajo como causales para imponer multa al patrón, rescisión de la relación del trabajo al acosador u hostigante e indemnización de la o el afectado, en su caso.
Jaime Bárbara Martínez, Delegado en Michoacán señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impulsa acciones para acabar con la violencia en contra de los trabajadores, por lo que exhorta a todos los mexicanos a construir una nueva cultura de respeto, de no discriminación y de un alto a la violencia contra la mujer.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, presentó una iniciativa de reforma electoral que contempla ampliar y fortalecer los mecanismos de democracia directa en la entidad.
El diputado Toño Carreño Sosa advirtió que una verdadera reforma electoral debe impedir forzosamente la participación de la delincuencia organizada, es decir, que nadie pueda recibir financiamiento ilegal sin las consecuencias correspondientes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso destacó que escuchar a la ciudadanía es clave para construir leyes que realmente garanticen derechos.