Desde Europa, Martín Ramos con su columna

Para nadie son desconocidos las múltiples diferencias que existen entre las distintas regiones del mundo; desde distinciones económicas hasta culturales son los elementos o características que diferencian a las naciones entre sí, ante las imaginarias líneas de las fronteras que dividen, separan y alejan a las personas, cuya única diferenciación es, o debería de ser, la forma de pensar de las mismas personas.

En nuestra región, Norte América, las distinciones son más disímiles, ya que con nuestros ambos vecinos del norte guardamos similitudes, más estás son las menos ante las abismales diferencias. En México, ante tal distinción, guardamos más similitudes con Centro, Sudamérica y Europa, que con Estados Unidos y Canadá.

Una de las diferencias que prevalece es la justicia, que desgraciadamente es selectiva por cuestiones multifactoriales, tales como la capacidad económica, formar parte de algún grupo vulnerable y, principalmente, falta de instrucción y desconocimiento de los propios derechos.

Estás son cuestiones que ponen, desgraciadamente, en distintos planos a las personas que esencialmente son iguales; titulares de los mismos derechos, de las mismas obligaciones y, evidentemente, detentadores de las mismas capacidades. No obstante, prevalecen estas distinciones es que impiden un acceso idóneo a los derechos y, con ello, acceso a un estado más democrático.

Dice el Doctor Díaz Revorio que un estado de derecho se integra de por tres elementos: división de poderes; respeto de los derechos humanos; y, existencia de principio democrático. Entonces, la ausencia de un ejercicio adecuado de uno de los derechos humanos, como lo es el adecuado acceso a la administración de justicia, es un síntoma de un estado no democrático y, por consiguiente, de un deficiente estado de derecho.

El adecuado ejercicio de este derecho vulnera el sistema y pone en riesgo el estado de derecho. Sin embargo, en una nación con tantos abogados, resulta irónico, como dice Michele Carducci, que se cuestione el estado democrático y de derecho, pero, qué hacer desde la trinchera respectiva para mejorar la realidad en la que existimos.

Parafraseando a Lica Mezzetti, hay tareas que a todos nos corresponden para acceder al país que queremos. Primeramente promover una cultura de los derechos humanos, en donde su respeto sea la regla y no la excepción; en segundo los jueves constitucionales y ordinarios tienen que abrir sus mentes para practicar criterios más protectores a los ciudadanos que acudan a la protección y amparo de la justicia; en tercer término legislar, tanto como legislador como ciudadano mediante los medios idóneos, de una manera más garantista y protectora de las personas; y, por último pero no menos importante, la academia tiene el deber de estudiar y promover los derechos humanos con una visión comparada, no solo nacional para no ensimismarse en un agujero jurídico que impida contemplar la majestuosidad de la protección de loa derechos fundamentales en otras latitudes más desarrolladas al respecto.

La presente tarea resulta titánica, evidentemente, no obstante, es un reto en el que todos los ciudadanos podemos abonar para mejorar nuestro país y no únicamente conformarnos con malos gobiernos que ignoran el potencial del ciudadano.

Quizás así, las únicas diferencias que nos dividan sean las simples fronteras más no la civilidad como actualmente sucede.

Desde Europa, Martín Ramos con su columna

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