Evidentemente, éste sólo puede ser el clamor de alguien que se siente –como clara y meridianamente lo dijera Javier Sicilia- “hasta la madre”.
07:45 PM 24/05/2011
Evidentemente, éste sólo puede ser el clamor de alguien que se siente –como clara y meridianamente lo dijera Javier Sicilia- “hasta la madre”. Efectivamente, se trata de la más genuina expresión de Leticia Valdés Martell, una madre desesperada por la injusta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dejar en libertad a la maestra Magdalena García Soto, que sirvió de intermediaria para poner al hijo de Valdés Martell, niño de preescolar, en manos de Salvador Pérez Ramírez (profesor de computación) y de Hugo Gabriel Constantino García (esposo de la directora del Instituto San Felipe, en la ciudad de Oaxaca). supuestos educadores que estuvieron abusando sexualmente de él hace unos cinco años.
Se supone que la Interpol está tras del maestro de computación Salvador Pérez Ramírez quien se confabuló con el esposo de la directora para abusar sexualmente del hijo de Leticia Valdés en una de las aulas de la referida institución de educación privada, misma que contaba con cámaras de video. Sin embargo, las vinculaciones familiares de estos sujetos con abogados ligados a diversos ámbitos de poder político han sido determinantes para que no se actúe y para allanarle el camino tanto a los pederastas como a esta mujer que ya se encontraba recluida.
En los relatos de Leticia Valdés hay una enorme desesperación por la falta de interés de los ministros para resolver favorablemente este asunto, pues se aprecia una obvia inclinación para proteger a los pederastas. Detalles de procedimiento penal y hasta de carácter ortográfico han sido decisivos para tener una votación de 8 a 3 a fin de revocar el auto de privación de la libertad de la profesora antes citada. Amén de seguir entrando en detalles, lo que indigna es que este tipo de casos se siga replicando en México y la gente sin recursos económicos, siga estando a expensas de un poder que lejos de impartir justicia, sigue siendo comparsa de los intereses de los poderosos.
Así como hace semanas escuchamos el grito de Sicilia por el deplorable homicidio de su hijo y otros jóvenes, este caso ha provocado que la madre del niño ultrajado pida desesperada que “no denuncien”. Es que no tiene caso, si se carece de dinero para sostener el largo proceso del juicio o si no se dispone de dinero para ejercer el “poder corruptor” y mover a discreción las decisiones judiciales. ¿Para qué denunciar? No tiene caso, asegura Leticia Valdés, pues las autoridades judiciales están involucradas en cosas no muy transparentes. No tiene sentido porque la justicia está a merced de las triquiñuelas de abogados que trafican con influencias y están coludidos para beneficiar a los que generosamente los remuneran.
Este caso nos hace recordar la historia de Lidia Cacho, quien tuvo que luchar incansablemente para llevar a prisión a un conocido empresario de Cancún, Q. Roo., librando para ello una férrea persecución a manos del ex gobernador poblano Mario Marín, quien se hiciera famoso a nivel nacional por las grabaciones telefónicas que fueron filtradas y pusieron al descubierto su involucramiento con grupos delincuenciales, dedicados a la trata de menores y a la pederastía. La obcecación de Lidia Cacho permitió que se hiciera justicia y que el principal malhechor esté en reclusión.
El juicio de amparo interpuesto por maestros de la Universidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en contra de la reforma promulgada el pasado 8 de enero resultó improcedente.