Han tenido un constante manejo político partidista, dijo el diputado único de Convergencia.
08:00 PM 15/04/2010
Su desaparición implica un acto de congruencia y sensibilidad ante la situación económica que atraviesa el país.
Hay consenso entre todas las fuerzas políticas respecto al tema.
Morelia, Mich. Jueves 15 de abril de 2010.- Mientras en el año 2001 las delegaciones federales en los Estados y el Distrito Federal, contaban con un presupuesto anual de 19 mil 210 millones de pesos, en 2010 el crecimiento ha sido exponencial, al existir alrededor de mil 390 delegaciones que cuentan con una estructura de más de 5 mil funcionarios, con un gasto que alcanza casi los 55 mil millones de pesos, señaló ante el pleno el diputado único de Convergencia en el H. Congreso del Estado, Luis Manuel Antúnez Oviedo.
Con base en datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el legislador local hizo notar que en nueve años, el presupuesto para la manutención de las delegaciones federales ha tenido un incremento de casi un 300 por ciento, lo que sin duda representa un altísimo costo para la sociedad, sobre todo si se toma en cuenta que gran parte de este recurso se destina a nómina, pago de rentas de inmuebles, vehículos y materiales de oficina, y no a la inversión.
Si bien este tema es de carácter federal, consideró Antúnez, tiene implicaciones directas en nuestra entidad, ya que en el caso de Michoacán, el presupuesto de las delegaciones no es cosa menor; este gasto asciende a los 2 mil 514 millones de pesos, cifra que además de resaltar por lo oneroso, genera resultados difícilmente cuantificables.
Bajo este panorama, el diputado convergente presentó ante el pleno una propuesta para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a hacer las reformas necesarias tendientes a desaparecer las delegaciones federales operativas de las Secretarías de Estado en las entidades, ante lo costoso y poco claro que resulta su ejercicio.
Además del elevado gasto que generan al erario público, agregó el legislador convergente, las delegaciones han tenido un constante manejo político partidista, y el problema estriba en la existencia de importantes facultades discrecionales, al ser los delegados quienes coordinan la ejecución, procesan las solicitudes, entregan los apoyos y supervisan su propia labor, todo eso casi siempre, con un claro propósito de influir en los resultados electorales.
Esto representa un retroceso democrático, que desvirtúa y distorsiona el papel fundamental de las políticas y los programas de desarrollo, que deben otorgarse en función de los derechos de la ciudadanía, con independencia de sus tendencias o preferencias políticas, afirmó Manuel Antúnez.
El también presidente del Consejo Político Estatal de Convergencia afirmó que la propuesta de desaparecer las delegaciones federales es jurídicamente viable considerando que la propia Constitución Federal, en la fracción VII del artículo 116 lo permite, al establecer con toda claridad que: “La federación y los Estados en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de las obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario”.
Ejemplo claro de la aplicación de este artículo, indicó, es la Secretaría de Turismo del Estado, que ejecuta de forma exitosa los proyectos y programas de la Secretaría de Turismo Federal, bajo la normatividad y evaluación que esta última le marca, lo que ha traído resultados económicos notables para Michoacán.
Debemos señalar con toda claridad, agregó el legislador, que esta propuesta no es propia de un partido político en específico, ya que desde el 2007 los Senadores Tomás Torres y Graco Ramírez del PRD hicieron esta propuesta. Recientemente el diputado federal por el estado de Puebla, Leobardo Soto Ramírez, a nombre de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presentó la iniciativa que propone desaparecer las delegaciones federales.
El propio presidente Calderón, en el 2009, recordó Antúnez, hizo la propuesta de desaparecer y fusionar tres secretarías federales con el propósito de dar mayor funcionalidad al gobierno federal, lo cual nos permite advertir que hay un consenso real de todas las fuerzas de modificar el estado de cosas en la burocracia federal con el ánimo de dar mayores resultados de cara a la ciudadanía.
Con esa propuesta, dijo, el gobierno federal se trazaba como meta un ahorro aproximado de 10 mil millones de pesos. Con la propuesta que hacemos el día de hoy, precisó, tendríamos una optimización de recursos del orden de los 55 mil millones de pesos, los cuales por su naturaleza podrían destinarse a la inversión en los Estados y municipios.
Hizo notar que de hacerse esto realidad, en Michoacán, en lugar de tener un presupuesto de participación estatal para obra convenida del orden de los 350 millones de pesos, éste sería de casi 3 mil millones de pesos; eso sí sería reactivar en serio la economía del estado, aseveró.
Inclusive –cuestionó Manuel Antúnez- si el propio presidente Calderón tuvo la determinación de desaparecer de un plumazo la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con el argumento de que constituía una dura carga para los ciudadanos, y que además con esta medida se tendría un ahorro de 41 mil millones de pesos, por qué no recurre al mismo razonamiento y desaparece las delegaciones, permitiendo para compensar dicha extinción, que los gobiernos locales mediantes sus dependencias homólogas den cumplimiento de los programas a su cargo, evitando con ello la duplicidad de funciones en la administración pública.
Dijo que si se considera que todos los gobiernos de las entidades federativas y los municipios cuentan con dependencias que comparten programas y metas, como el caso de las de desarrollo social, urbano, rural, agropecuario, económico, entre otros, con dicha medida se evitaría que éstas realicen funciones prácticamente iguales de forma innecesaria.
Finalmente Manuel Antúnez aseguró que con la propuesta –que fue turnada a comisiones para su evaluación y seguimiento-, además de dinamizar a la administración pública del país, se reorientará el presupuesto de la Federación hacia los Estados y municipios en pro de una mayor inversión en infraestructura, educación y salud.
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