Impulsa el diputado del PRD reformas para que la población desprotegida no sea expulsada injustamente de los padrones
07:41 PM 24/11/2010
Los beneficiarios de los programas sociales en el país tienen conquistas sociales que se les deben reconocer en ley para darles garantías de que no serán sujetos de abuso por parte de las autoridades o coordinadores regionales de los programas de política social, advirtió el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés.
En entrevista radiofónica, el legislador por el Distrito 07 de Zacapu informó que con el respaldo de la Comisión de Desarrollo Social impulsa ante la Cámara de Diputados una iniciativa de adición a la Ley General de Desarrollo Social con el objetivo de dar garantías a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal en todo el país.
García Avilés informó que la Federación tiene 24 programas sociales, de los que sólo tres, que son Oportunidades, Setenta y Más e INAPAM, cuentan con padrones de beneficiarios. Sumado a lo anterior, los gobiernos de las entidades federativas cuentan con 128 programas de políticas sociales y en cada estado, al menos 2 de los programas también cuentan con su correspondiente padrón.
Sin embargo, por el momento no existen disposiciones legales que protejan o den garantías a los beneficiarios para permanecer dentro de los padrones, por lo que su permanencia en los mismos depende de la voluntad de los funcionarios o de los coordinadores estatales, regionales o municipales de los programas.
Bajo este esquema, detalló García Avilés, quien es secretario de la Comisión de Desarrollo Social, los encargados de la operación de los programas sociales en el país pueden a voluntad y arbitrariamente, tal vez con criterios políticos, partidistas, electorales y hasta personales, borrar de los padrones a los beneficiarios.
Lo que se pretende con la reforma para adicionar una Fracción X al Artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social es blindar los padrones jurídicamente, para que la baja de los inscritos en los mismos se haga obligatoriamente sólo a través de un procedimiento administrativo que obligue a la autoridad a notificar al beneficiario para que éste a su vez tenga derecho a defenderse.
“La finalidad es darle mayor fortaleza a las conquistas de justicia social, que son los derechos que tienen los beneficiarios de los programas sociales a que sólo puedan ser excluidos de los mismos mediante un procedimiento administrativo del cual sean notificados para que tengan la oportunidad de defenderse”.
García Avilés afirmó que su iniciativa cuenta con el respaldo de la Comisión de Desarrollo Social a la que pertenece, donde los 30 integrantes expresaron su aval, por lo que considera que no habrá problema para que en breve sea dictaminada para posteriormente proceder a su votación y aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados.
La diputada Sandra María Arreola Ruíz, informó que presentará una iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Michoacán, en la que se plantea la creación de un Consejo Consultivo de Mujeres.