Inicial rendición de cuentas: Luisa Maria Calderon

Nuestros diputados federales, los de todos los estados y de todos los partidos, resolvieron ya cuánto, dónde y cómo se gastará el dinero de todos los mexicanos, que a través de impuestos y otro tipo de ingresos recaba el gobierno federal.

Cómo es que le irá este año a Michoacán en materia de recursos para obras y servicios: dependerá de si los funcionarios del gabinete estatal están en disposición de allanarse a las reglas del presupuesto de egresos de la federación.

Durante el año que termina, solamente hubo 41 por ciento de obra carretera en relación con las planeadas y financiadas. Según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, los estados dejaron escapar más de tres mil millones de pesos en obra carretera porque los gobiernos de los estados no cumplieron con los requisitos y la normatividad. Michoacán estuvo en el penúltimo lugar, sólo arriba de Durango, y una obra tan importante como la carretera Zamora-Uruapan (que por primera vez recibió financiamiento etiquetado), no pudo llevarse a cabo porque el gobierno estatal no resolvió la liberación del suelo. No obstante, la planeación carretera michoacana recibirá durante el 2011 más de quinientos millones de pesos de ampliaciones presupuestarias, que harán un total de casi dos mil millones para el año próximo.

El presupuesto que la federación otorgará a Michoacán el próximo año es mayor sustantivamente que el de 2010. Solamente en ampliaciones presupuestarias, el monto nuevo total es de 4 mil 745 millones de pesos; todos estos irán a dar a acrecentar programas de salud, educación, deporte, cultura, carreteras, abastecimiento de agua potable, medio ambiente y promoverán el empleo en la entidad. Estos programas son una estrategia de disminución de inseguridad a corto y mediano plazo.

La propia universidad nicolaita recibirá 120 millones etiquetados para la construcción de los campus Zamora y Uruapan, lugares donde son bien necesarias las escuelas de nivel superior, pues por años las y los chicos deben migrar de su ciudad y su región para poder estudiar. No sólo eso, más de 97 millones recibirá la propia Universidad Michoacana para su saneamiento financiero.

Pero la parte más significativa del presupuesto de egresos de la federación para el año 2011 no está tanto en sus números, ya que sabemos que nunca alcanzarán para resolver en un año todas las necesidades de los mexicanos, tanto en infraestructura como en servicios y apoyos para mejores oportunidades.

La gran novedad del decreto presupuestario tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas.

Por ver primera, el propio presupuesto obliga a que los gobiernos de los estados entreguen un informe trimestral sobre los gastos de los dineros federales que reciben. Por vez primera también, el Instituto Federal de Acceso a la Información podrá investigar el destino de estos recursos, que en nuestro estado son más del 95 % de todo lo que se gasta.

Los recursos son, en primera instancia, de todos los mexicanos; ya sea que vengan de pagos de impuestos, derechos, etcéteras, recaudados en el ámbito federal, o que sean producto de nuestro petróleo y de los cambios al alza que su precio pueda tener en el mercado internacional. No son tampoco recursos del presidente, aunque es él quien carga con el costo político de la recaudación mayor y es a él a quien achacamos el peso de pagar impuestos.

También obligará el presupuesto a que tanto la Secretaría de Educación como la de Salud, den a conocer por la vía cibernética quiénes de sus trabajadores… trabajadores mexicanos, pero trabajadores de los mexicanos, están de comisión, dónde están, cuál es su clave, cuántas sus horas de trabajo. Este pequeño ejercicio de transparencia que no viola derechos laborales, sí es un gran esfuerzo de entrega de cuentas para los mexicanos y de inicio de eficientación de los recursos humanos, en primera instancia.

Tan sólo estas dos novedades presupuestarias son un gran avance hacia la democracia gubernamental: obliga a la transparencia y a apegarse a reglas de operación; esto es, obliga a rendir cuentas hacia los gobernados, ni siquiera al ejecutivo, sino a los titulares del poder originario en nuestra patria.

Es un ejercicio también de democratización de los propios sindicatos. Comenzar a transitar de la cultura clientelar a la cultura democrática en el ejercicio cotidiano del poder pasa por esta rendición de cuentas.

Finalmente, este paso es de celebrarse, y obliga también a reconocer el esfuerzo de los legisladores federales que participaron en este ejercicio presupuestario.

Y es cierto, las transformaciones estructurales que hemos buscado los mexicanos durante mucho tiempo, son más lentas que lo que todos deseamos, pero cada paso de consenso se acerca un poco a la democracia por la que cada elección votamos millones de mayores de 18 años en nuestro país.

Inicial rendición de cuentas: Luisa Maria Calderon

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