PGR detecta irregularidades en la Caja Libertad Servicios Financieros

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Autoridades Federales buscan esclarecer diversas actividades realizadas por los hermanos Rodríguez Borgio.

08:11 AM 14/02/2014

México, DF.- (Reforma ) La PGR busca esclarecer una maraña que involucra el robo de combustible, la venta ilegal en gasolineras establecidas y el lavado de dinero a través de una caja popular, de varios casinos y un equipo de futbol de primera división.

Las empresas involucradas son: la Caja Libertad Servicios Financieros, los casinos Big Bola y el equipo de futbol Gallos Blancos del Querétaro.

Según un acta circunstanciada de la SEIDO, actualmente en proceso, los indiciados serían los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de las casas de apuestas y de la caja popular.

La indagatoria involucra también a Martín Díaz Álvarez, actual presidente del Consejo de Administración de la Caja Libertad y accionista de Oceanografía, empresa propietaria del equipo de futbol.

Los Rodríguez Borgio y Díaz Álvarez son socios en la Caja Libertad y además de un grupo de gasolineras.

Los tres empresarios hoy son buscados por la PGR porque se presume blanqueaban dinero de la venta de hidrocarburos robados a Pemex.

De acuerdo con documentos oficiales los Rodríguez operaban, hasta el 2012, la empresa Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), cuyas estaciones vendían hidrocarburos ordeñados por los cárteles, lavando supuestamente las ganancias ilícitas en la Caja Libertad.

Otro de los negocios donde la Procuraduría federal indaga que se lava el dinero son los casinos Big Bola, con sede en Querétaro y con presencia en 18 ciudades del país.

La investigación de la Procuraduría data de febrero de ese año. En esa ocasión fueron cateadas las oficinas centrales de GGM y confiscaron todas las computadoras.

A finales de ese año, Rodríguez, por medio de Martín Díaz, adquirió el porcentaje mayoritario de las acciones de la Caja Popular al empresario queretano José Antonio Rico y tomaron el control del Consejo de Administración.

El pasado 16 de diciembre, la SEIDO pidió de manera urgente y confidencial información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de todas las operaciones financieras y sospechosas de los tres empresarios.

Además pidió todos los antecedentes y registros al Departamento de Seguridad Interna, al Servicio de Aduanas e Inmigración, al FBI, a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, a Interpol y a la Embajada de EU.

A la DEA le solicitó cualquier dato que los vinculara con algún grupo delictivo.