La Seguridad primero

El reciente accidente del que fue víctima el líder de los grupos más importantes de autodefensas de Michoacán, accidente que ocurre en un contexto de expansión de las zonas de penetración de los mismos en el Estado, coloca de nuevo el debate sobre la naturaleza, la emergencia y los riesgos de la presencia de grupos de civiles armados que ocupan los espacios en que el Estado está ausente.

El 20 de mayo del 2013 en una columna de opinión intitulada “¿Cual es el paradigma de las acciones del Ejército en Tierra Caliente ?” hablé, por primera vez de ” los “olvidados” de Tierra Caliente (concepto que después otros retomarían) que no pueden ser tratados ni como “hostiles” ni su seguridad ser minimizada bajo el potencial riesgo de “daños colaterales”.

Sugería, entonces, y paso a citar: ” que en vez de colocar el enfoque sobre el “desarme de las poblaciones”, postura en que imperativamente se colocan a las poblaciones y al Ejército en una trayectoria de “choque de trenes”, se canalicen (…)acciones internas a las comunidades para integración de unidades de cooperación civil-militar, creando una percepción de LEGITIMIDAD REAL, más fuerte que la legitimidad legal inherente a la propia naturaleza constitucional del Ejército, y consolidando un proceso en tres etapas operativas- recuperación de control territorial, eliminación de fuerzas hostiles, pacificación social- que pueda ser firme, duradouro y veraz. “.

Hoy, en el contexto actual y a 7 meses de distancia, creo que estas premisas se mantienen vigentes, tal como las describo en el artículo citado y que puede ser consultado en el enlace : http://www.grupocronicasrevista.org/2013/05/20/cual-es-el-paradigma-de-las-acciones-del-ejercito-en-tierra-caliente-teresa-da-cunha-lopes/

En el último número de Foreign Affairs (Oct/Dic. 2013) Afura-Heim y Espach, en un ensayo intitulado “El Ascenso de las fuerzas de autodefensa en México. La justicia por propia mano al sur de la frontera”, pág. 21 afirman que : ” Cada vez más investigaciones apuntan a que, ante la incapacidad o falta de voluntad de los estados para proporcionar seguridad, los grupos de autodefensa locales deberían considerarse como una alternativa imperfecta, pero eficaz. Resultan mucho menos costosos y más fáciles de congregar que las unidades formales de policías y militares, pues rápidamente reúnen a una gran cantidad de hombres para proporcionar seguridad a las comunidades aisladas. A las fuerzas foráneas les toma años familiarizarse con la geografía y los residentes de una localidad, así que los grupos de autodefensa local les llevan la ventaja. Además dado que los motiva la protección de su familia y su comunidad, tienden a depredar menos y poseen una ética superior a las fuerzas de seguridad gubernamentales”(…) .

AHORA BIEN, el uso de esta “solución imperfecta “no va sin riesgos para las instituciones del estado y los mismos autores resaltan (op.cit. pág. 22 ): “Cuando llegue el momento, la desmovilización de los grupos comunitarios resultará una tarea dificil y absorvente. Sin embargo, puede lograrse mediante incentivos diversos, como remunerar a los guardias comunitarios, encontrarles un empleo e integrar los grupos a las fuerzas de seguridad formales”.

Hasta determinado punto, aceptar y legalizar estos grupos es, tal como lo afirmó recientemente el gobernador de Sinaloa, una admisión del fracaso gubernamental en una área fundamental de su competencia: el de asegurar la seguridad de las poblaciones.

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Y, es evidente que sin un mínimo de control y de encuadramiento dentro de unidades civiles-militares que estén sometidas a una cadena de mando, estos grupos ilegales armados socavan el estado de derecho formal y, pueden, eventualmente convertirse, a su vez en organizaciones delictivas. Riesgo siempre presente y que tiene que estar en el centro de las estrategias para lidiar con este fenómeno.

Sin embargo, la seguridad popular está primero y ahí dónde no están o no pueden llegar eficientemente las fuerzas de seguridad del estado, los grupos comunitarios pueden servir al estado precisamente como el eslabón necesario para llegar a comunidades aisladas y proporcionarles servicios de apoyo, defensa, nodos de pacificación social y estructuras de servicios públicos.

Ahora bien, tal tiene que ser hecho bajo supervisión, caso contrario corremos el riesgo, tal como sucedió en Colombia con las “Autodefensas Unidas de Colombia” de crear una red de paramilitares o de que la propia vulnerabilidad de los grupos los lleve a ser absorbidos por mafias criminales o por vías de insurgencia.

Dejemos el calor de los debates teóricos y académicos, miremos más allá de Colombia y veamos ejemplos de coordinación exitosos, cuando los gobiernos incorporan los grupos de autodefensa a estrategias de seguridad amplias, tal como en el caso del Punyab, en India en que el gobierno fue el organizador de la fuerza de autodefensa encuadradas en el “Plan de Defensa Comunal”. O veamos el ejemplo de los comités de desarrollo y autodefensas locales en las regiones montañosas de Perú en la lucha contra los maoístas del Sendero Luminoso. .

Historicamente, de hecho, en México, existen las referencias a las policías comunitarias en municipios indígenas y las estructuras del Cuerpo de Policía Rural o Rurales (que era el nombre popular), también conocidos como Guardia Rural, era una fuerza de policía montada que existió inicialmente entre 1861 a 1914 y hasta 1947 en algunas regiones y luego se vuelve a activar, para la defensa de zonas rurales en México pero con el nombre de Cuerpos de Defensa Rural. O sea no es un concepto totalmente ajeno o “importado”. De hecho, desde 1995, en Guerrero, como parte del programa de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias, diversas poblaciones manejan su propia policía y sistema judicial conforme a usos y costumbres tradicionales.

Necesitamos de ser pragmáticos, flexibles y al mismo tiempo mantener el estado de derecho. Equilibrio difícil y lleno de riesgos, es cierto.

Tal obliga a estudiar las formas de integración de estas fuerzas informales en la estructura formal. Crear una coordinación que permita, en el inmediato y corto plazo, asegurar la paz y la seguridad de los “olvidados” de Michoacán al mismo tiempo que la supervisión de los organos competentes y de la cadena de mando formal asegure la justicia, la transparencia y la vigencia del estado de derecho.

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