Reforma energética, un camino sin retorno

Al día de hoy, lunes 16 de diciembre se habrá cumplido con la última fase del recorrido que de acuerdo a la figura del Constituyente Permanente, se requiere para concretar la reforma a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales en materia energética. Apenas cumplidas setenta y dos horas, dieciséis congresos locales ya habían resuelto su aprobación, por lo que no hay ninguna duda, que con uno más que se pronuncie en el mismo sentido, esta misma semana, al seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se habrá de realizar la declaratoria formal de reforma constitucional y se ordenará su envío al Ejecutivo para su promulgación.

Es por demás evidente, las prisas que se tienen por parte de los interesados, en este caso el gobierno, su partido y sus aliados, para terminar de poner los recursos petroleros, los hidrocarburos, sus derivados y la industria eléctrica, en manos de los inversionistas privados nacionales y extranjeros.

En términos de contenidos es hasta eso, relativamente poco lo que se elimina y se agrega al texto constitucional, basta citar para partir de una idea de en que consisten los cambios al texto de nuestra Ley Fundamental, la eliminación de la prohibición para contratar en materia de petróleo e hidrocarburos, la eliminación de dicha actividad como sector estratégico de la economía nacional y la apertura total a las actividades de la cadena de generación, producción y transmisión de la energía eléctrica, a favor del capital privado.

Se pueden compartir los argumentos en cuanto a la necesidad de modernizar el sector energético de nuestro país, con el fin de ser más competitivos en el entorno mundial; reconocer la necesidad de que la población tenga acceso, a combustibles de uso diario como el gas, la gasolina y a la energía eléctrica, a mejores precios. Lo que no compartimos es que sea por esa vía la única manera de hacerlo posible.

El juego de los eufemismos a través de la propaganda oficial, ha permeado en prácticamente todos los medios, que así como el voto lineal que se dio en ambas cámaras del congreso federal y como está ocurriendo en los estados, se destacan con frases grandilocuentes la magnitud de la reforma y sus extraordinarias consecuencias en beneficio de las y los millones de mexicanos que por fin, entraremos al paraíso del desarrollo.

En los estrechos márgenes que nos da la posibilidad de expresar un punto de vista, queremos dejar registro de nuestra opinión en contrario, conscientes de que en este país aunque se invoca el pluralismo, como un valor en el que se admite disentir y a la tolerancia como la aceptación de lo diferente, resultan intrascendentes cuando se oye pero no se escucha, cuando las mayorías representativas se arrogan el derecho para decidir por todos, asumiendo que todos nos equivocamos menos ellos.

La manera en que se ha llevado a cabo la reforma mencionada, denota la voluntad autoritaria para cumplir con quienes demandan desde el exterior mas apertura, para que el modelo de la economía de mercado, con su voracidad depredadora y rapaz, introduzca sus

tentáculos en lo mas profundo de las entrañas de nuestra nación y se lleve lo que aun nos queda. Quienes están decidiendo esto, sin duda que han medido los beneficios inmediatos, de ahí su laboriosidad y oficiosidad política. Lo que no han dimensionado porque quizá no les importa, es el impacto que traerá en el derecho al desarrollo, al derecho al medio ambiente y el derecho de acceso a los recursos naturales de las y los mexicanos del presente y de las generaciones futuras.

Han puesto todas las reglas en los transitorios, que hoy vienen a ser una práctica usual de las reformas constitucionales, lo que no debiera ocurrir, porque esta especie de letras chiquitas, acotan desde las bases de nuestra norma suprema, toda posibilidad de discusión en la legislación secundaria y excede a la naturaleza y a los propósitos de un régimen normativo de carácter provisional. Pero desde ya se están asegurando de la aplicación, para tener vía libre y aterrizar los verdaderos objetivos.

Solo así se puede entender que estamos en presencia de una privatización descarada, que no deja a salvo nada y permite la intromisión del negocio privado en los recursos públicos de carácter estratégico, en perjuicio de una población cautiva de la necesidad del uso cotidiano de combustibles y energía, clientela segura y dispuesta a pagar lo que sea, con tal de no quedar fuera del sueño de un modelo de vida exitoso, que lamentablemente millones y millones no podrán alcanzar jamás.

Han pasado 75 años de 1938 a la fecha, el poder económico de las trasnacionales petroleras, están prácticamente de vuelta. Sin dejo de nostalgia vale decir que Cárdenas necesitó todo un pueblo para respaldar su decisión de nacionalizar la industria. Ahora no se necesita al pueblo, entre festejos guadalupanos, finales de futbol y fiestas de fin de año, no hace falta consultarle a la gente, la fórmula de la representación es suficiente.

Estamos pues, frente a una reforma acelerada, que transcurre en una vía sin regreso. Es iluso pensar que al amparo del derecho internacional privado, México mantendrá al control de sus energéticos. Las diversas modalidades de contratación que se han impuesto, no se decidirán conforme a los procedimientos e instancia internas de administración de justicia, si de algo sabe asegurarse el capital privado, es de mantenerse a resguardo de las crisis nacionales, para ello han creado todo un sistema para decidir los conflictos y un conjunto de organismos financieros que saben ahorcar en el momento preciso.

Mientras tanto, la gran mayoría de los ciudadanos, preferimos no preocuparnos por esas cosas. Nuestro derecho de opinar sobre los temas trascendentes para la sociedad, se ha postergado, ese no urge, ese derecho no se mide en dinero, por lo tanto no hay compañías extranjeras que quieran pagar por él, por lo tanto no hay prisa.

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