El año pasado, muy cerca del mes de diciembre, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo Estatal la contratación de un préstamo por mil 200 millones de pesos.
06:37 PM 09/09/2010
El año pasado, muy cerca del mes de diciembre, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo Estatal la contratación de un préstamo por mil 200 millones de pesos, para no poner en riesgo el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año en los ayuntamientos. Esto es, gasto corriente, no inversión o infraestructura.
El grupo parlamentario del PAN propuso entonces condicionar la autorización de esa deuda a que el Gobierno Estatal diseñara un plan de austeridad más reforzado, a fin de hacer un gasto racional de los recursos, que disminuyeran las fugas y que aumentara los ingresos. Los legisladores del PAN confiaron en el compromiso de autorizar el crédito y a cambio esperaban que el Ejecutivo pusiera controles y eficientara su gasto.
Ahora a diez meses de distancia, sabemos que el Secretario de Finanzas, Humberto Suárez, ha empezado a cabildear la posibilidad de reestructurar la deuda del gobierno, la de ocho mil millones de pesos porque si no “estaremos muy apretados”.
Algo no cuadra, por un lado, el gobierno estatal, ha aumentado en 8 años su deuda en mil millones de pesos anuales y lo único que sucede es que cada vez pide más. Por otro lado, el presupuesto que la federación asigna a Michoacán, ha crecido en casi 10 mil millones de pesos entre su primer año de gobierno y el actual.
Y respecto del préstamo adquirido a fines de 2009, las condiciones fijadas por los grupos parlamentarios, condicionaban al gobierno estatal y los municipios a que en “un plazo de 60 días desarrollaran mecanismos para la implementación de un financiamiento estructurado que sustituyera al Financiamiento Puente Emergente; asimismo, que el importe del crédito fuera pagado antes de que concluyera el 2011”.
Pues bien, el plazo aún no termina y ya el secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez López, justifica la necesidad de la reestructuración de la deuda diciendo que “la crisis económica está impactando severamente a la entidad”. Ante esta situación queda claro que independientemente de la reestructura hay una impostergable necesidad de que la administración reordene su planeación, ponga a prueba su capacidad de previsión y publicite sus objetivos, sus líneas de acción, sus indicadores y el gasto presupuestado para cada uno de sus programas.
Entendemos que frente a retos de infraestructura que facilite el futuro, se comprometan recursos cuyo pago va más allá de una administración, pero no entendemos que cada año se pida más, sin rendir cuentas de cómo precisamente se gastó la deuda adquirida cuando sabemos además, que del total del gasto de la entidad, en el mejor de los casos, en Michoacán sólo se genera el 16 por ciento del total de sus ingresos.
Los bienes para la entidad, con inversiones del gobierno federal, son evidentes. Licitaciones y obras durante el presente año por más de 9 mil millones de pesos, procedentes de la federación para aplicarse a los renglones de red carretera estatal, infraestructura, salud y educación. Baste señalar obras como la carretera costera michoacana, los distribuidores viales en Morelia, los libramientos de Uruapan, Morelia, La Piedad y el libramiento ferroviario que ya comienza a construirse.
Asimismo, en guerra contra la pobreza alimentaria y de capacidades, ha logrado que uno de cada tres michoacanos esté en el programa Oportunidades; el seguro popular tiene un padrón que llega a casi 1 millón de afiliados que ahora pueden acceder a los servicios de salud.
Si lo anterior ha sido pagado con inversión federal, ¿a dónde se va pues la deuda que el gobierno del estado ha ido aumentando en cada uno de los últimos 8 años?
La Comisión de Hacienda y Deuda Pública considera que Michoacán cuenta con capacidad financiera y de pago para reestructurar, pues no están comprometidas las finanzas en alto grado, pero de ser así, es obligado para el gobierno del Estado que nos haga saber a los ciudadanos en qué líneas está trabajando para Michoacán. Que haga compatibles las líneas de trabajo en todos los sentidos, que nos de certidumbre sobre su rumbo y sus fines.
Que regala zapatos para los niños en zonas de alta marginación para que puedan ir a la escuela es muy loable; sólo falta que los profesores vayan a darles clases los 200 días que el año escolar asigna como obligatorios. La opacidad en la administración de la educación no es un problema menor ni está desvinculado con la necesidad del gobierno de solicitar un crédito puente el fin de año pasado y la posible reestructuración de su deuda. La falta de claridad en quién es cada profesor o profesora que ocupa una plaza, las listas de plazas paralelas, la movilidad de algunos profesores de sus plazas para obligarlos a tomar la opción de comenzar a visitar familias e invitarlas a la afiliación partidista, son parte del gran desorden del que no es dable seguir avalando a través de autorizar el gasto, la reestructuración y el endeudamiento, nadamás para no “seguir apretados
El juicio de amparo interpuesto por maestros de la Universidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en contra de la reforma promulgada el pasado 8 de enero resultó improcedente.