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Da continuidad a programas de regularización Antolino Echeverría
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Nuevo Parangaricutiro, Mich., mayo de 2013.- Ante la gran demanda que se registró, el día de hoy en el portal donde se ubican las oficinas del Registro Civil de este municipio, se llevó a cabo la entr
08:41 PM 28/05/2013
Nuevo Parangaricutiro, Mich., mayo de 2013.- Ante la gran demanda que se registró, el día de hoy en el portal donde se ubican las oficinas del Registro Civil de este municipio, se llevó a cabo la entrega oficial de documentos del denominado Programa de Regularización del Estado Civil de las Personas, encabezada por el presidente municipal Vicente Guerrero Ruíz y el responsable del registro civil, Juez J. Jesús Antolino Echeverría, así como la titular del Sistema DIF de San, Sra. María Chávez Tungui, entre otras personalidades y funcionarios locales.
Al respecto, el titular del registro civil señaló que éste programa de regularización dio inicio el mes pasado, estando dirigido a los niños y jóvenes de entre seis meses hasta los 18 años de edad, que por algún motivo no tuvieran dicho trámite oficial, siendo totalmente gratuito. “En estos dos meses recaudamos 23 solicitudes de registro”, informó.
“Ahora en mayo se incluyó al proceso las actas de matrimonio para todas las personas que no estuvieran casados por el estado civil, en el cual recaudamos once parejas que gracias al interés suyo ya cuentan con la constancia de matrimonio, documento que tarde o temprano lo pueden requerir”, afirmó.
La propuesta presentada por los diputados Itzé Camacho Zapiain y Juan Carlos Barragán Vélez, fue dictaminada por las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Deuda Pública y de Fortalecimiento Municipal y Límites.
Con la aprobación de la reforma a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar, la 76 Legislatura fortaleció los mecanismos institucionales para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar en entornos digitales.
Con esta reforma se suprime el requisito de ratificación en los artículos 88 y 94, con el fin de armonizar la legislación estatal con los principios de simplificación procedimental, acceso efectivo a la justicia y protección reforzada de grupos.