Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, y la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a nivel federal, Alma Xóchitl Herrera, encabezaron la apertura del ciclo escolar 2026-2027 de dicha institución en Zacapu, Múgica y Zitácuaro, lo que forma parte de las acciones estratégicas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
“Queremos que todas las y los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar o retomar su carrera, trabajamos todos los días en territorio para acortar las brechas y brindar esperanza. Esto es posible gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, expresó la secretaria ante cientos de estudiantes y docentes.
Con una matrícula inicial de 744 jóvenes, la Universidad Rosario Castellanos inicia actividades en tres regiones de Michoacán. Durante el evento central en Zacapu, autoridades se enlazaron de manera virtual con las sedes de Múgica y Zitácuaro, proyectando además la apertura de dos planteles más en Uruapan y Ario para este mismo año.
Acompañada por la presidenta municipal de Zacapu, Mónica Valdez, la titular de la Secretaría de Educación compartió que la oferta académica incluye las ingenierías en Inteligencia Artificial y en Tecnologías de la Información, así como las licenciaturas en Derecho y Seguridad Ciudadana, Psicología, Administración y Comercio, Contaduría y Finanzas, y Gestión Ambiental Sostenible, entre otras.
Durante el Segundo Año Legislativo, las y los diputados de la 76 Legislatura fortalecieron el marco jurídico en materia electoral al erradicar el nepotismo y la reelección directa; blindar las elecciones de la delincuencia.
La construcción y rehabilitación de infraestructura, es una parte fundamental para el desarrollo de las comunidades y el bienestar social de las y los ciudadanos, indicó el diputado por el Distrito XIX, Vicente Gómez Núñez.
Entre las iniciativas aprobadas está de la ampliar las acciones de coordinación de la Secretaría de Salud del Estado, para que haya una mayor y mejor atención de las personas con diabetes, lo cual resulta congruente con el derecho a la protección.