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Morelia, Mich., 03 de mayo de 2010.- Las acciones de protesta y resistencia civil contra la Ley SB-1070 impedirán la aplicación efectiva de la medida legal, forzando al gobierno de Arizona y a la Casa Blanca a buscar soluciones más de fondo al problema de la migración ilegal a territorio estadounidense, opinó Mauricio Montoya Manzo, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Michoacán; “leyes como la de Arizona, sorprenden a todo el mundo y se tienen que combatir”, aseguró. Al fijar su postura sobre la cacería de ilegales que se ha desatado en el estado norteamericano de Arizona, tras la aprobación de la mencionada ley, Montoya Manzo dijo que los derechos laborales no tienen fronteras y el PRI en su plataforma promueve la defensa de esos derechos, por eso el partido se unió a las acciones de protesta, lo que más nos interesa es sumarnos y conocer la forma en que podemos ayudar a nuestros paisanos en los Estados Unidos, si están allá, es porque encontraron trabajo, “Michoacán no está en condiciones de recibir a los michoacanos repatriados masivamente”, estableció. Por su parte, Jeny de los Reyes, diputada federal y secretaria general del tricolor en el estado, se pronunció por radicalizar la postura de México y Michoacán ante esta Ley, porque ocupamos el segundo lugar nacional en exportación de mano de obra a la unión americana, de ahí –añadió- la importancia de que el gobierno del estado, partidos y organizaciones nos manifestemos sobre este tema. Señaló que los diputados aprobaron en San Lázaro un punto de acuerdo fijando la postura del Congreso en contra de la ley antimigrante, y se espera que la comisión permanente haga un pronunciamiento de manera más seria y más enérgica, ya que somos un país que depende comercialmente mucho de los Estados Unidos, pero también debemos ser más responsables, porque si Felipe Calderón logró poner en la agenda del presidente Obama el tema de la inseguridad, podemos pensar en que finalmente la gobernadora de Arizona reflexione la postura de la controvertida Ley SB-1070, pero “si no tomamos este tema en serio, nada va a pasar”, advirtió. Sobre el asunto de la desincorporación de La Isla de la Palma, aseguró que la posición de su partido es que La Palma siga perteneciendo al estado y no se desincorpore, por ello, expresó un decidido apoyo a la postura de la fracción priísta en el Congreso local, para que a partir de ahí puedan darse las alternativas para invertir y que esto facilite oportunidades de desarrollo para el estado. También rechazó haber participado en “manejos turbios”, desde la pasada legislatura local, como la desincorporación de 183 hectáreas, destinadas originalmente para un recinto fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asegurando que el fideicomiso se autorizó de buena fe por la septuagésima Legislatura, “el gobierno del estado es el que ha hecho mal uso”. Manifestó que incluso “el gobernador actual ha aceptado la violación del decreto”, del que dijo se debe anular, porque el mismo gobierno lo ha viciado al ofrecer y regalar terrenos a diestra y siniestra sin ningún control. “Yo no hice nada por debajo del agua, ni la septuagésima legislatura”, puntualizó. |
