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La aparición del Estado Moderno vino a dar, en el mundo occidental, certidumbre a la convivencia en los pueblos. Cuando nos atenemos a reglas aclaras, podrán éstas ser injustas, pero todos nos atenemos a ellas. Cuando sabemos cuál es la tarea de las instituciones del Estado, autoridades, leyes, medios de comunicarnos la tarea de las autoridades, entonces la convivencia entre todos va tomando su rumbo, y cada quien en este estado de cosas, puede ir asumiendo su libertad con todo lo que ella implica en el concierto de la convivencia humana. Ya no hay discrecionalidad en la actuación de la autoridad porque ésta, cualquiera que sea, no puede ir más allá, ni un milímetro, de lo que la propia ley le permite y le instruye. Así, los gobernados, en una comunidad que se atiene al estado de Derecho, tenemos siempre la certidumbre de que la autoridad se sujetará siempre al imperio de la ley y conoceremos consecuentemente hasta dónde puede protegernos o exigirnos. Sabremos también cómo y en qué medida pueden ser justiciables nuestros derechos y de qué manera podemos acceder a ellos. Este principio de que la autoridad no puede hacer nada más de lo que la ley le permite a los ciudadanos no ser abusados y más bien protegidos por las mismas instituciones encargadas de los derechos humanos. Así, hemos ido perfeccionando entre todos los mexicanos nuestras instituciones y democratizando a la propia autoridad dividiendo tareas y funciones. Recordemos por ejemplo, que hasta hace unos 20 años, era el titular del poder Ejecutivo, tanto en el ámbito federal como estatal quien organizaba los procesos electorales. Generalmente era la Secretaría de Gobernación la que se hacía responsable de tales procesos: controlar quién se empadronaba y a quién se le sacaba del padrón, integrar los órganos electorales, decidir el lugar e instalación de cada casilla y controlar lo que se publicaba en los medios de comunicación, cuidar los votos, contarlos y decidir a quién le reconocían y a quién no le reconocían cada triunfo electoral. Fue hasta la legislatura LIV, después del proceso electoral que eligiera Presidente de la República en 1988 y después que el día de la elección en la Secretaría de Gobernación “se cayó el sistema” de conteo de votos, que la oposición, encabezada por el PAN y sumando esfuerzo, pudo forzar una reforma electoral de fondo que separara el poder ejecutivo del poder ciudadano para organizar las elecciones. Se creó entonces un órgano electoral autónomo, nombrado sí por el poder legislativo, representante del pueblo, pero integrado por personas íntegras, apartidistas y con una trayectoria de vida intachable. Se daba fin al colegio electoral en el que los presuntamente elegidos se constituían en jueces de sus propios procesos y se abría también la posibilidad de construir un órgano garante de los derechos políticos de los ciudadanos desde la Suprema Corte de Justicia. Para el año 1996 se consolidaba este sistema autónomo de Organización de elecciones y desde entonces el poder ejecutivo No tiene injerencia en los procesos electorales. Hoy, y 20 años después, se disputa no sólo la libertad de expresión en los medios de comunicación, ya le dimos la vuelta y estamos de regreso en la reglamentación de cómo cada partido político, cuidando la equidad en todos sentidos, ha de someterse a la revisión estricta del órgano electoral en cada aspecto de los procesos: su acceso a los medios con propaganda y el contenido de la misma, para que no lastime la integridad de algún contendiente; la forma en la que se hace de recursos para la contienda y la forma en la que los gasta. Y no sólo eso; el tribunal electoral es hoy un órgano de pleno derecho que se encarga de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos inclusive frente a sus propios partidos políticos. Así que hemos de confiar en que cada órgano de gobierno se debe apegar a lo que la ley le permite en materia de procesos electorales. Resulta por ello sorprendente que a un par de días de realizado el proceso electoral del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, el gobernador de esta entidad critique a nadie en su participación como precandidato haciendo juicios que sólo compete hacer a la autoridad elector. Acusa de lo que al acusar comete: inequidad en el proceso cuando toma partido y se convierte en juez, y la ley no se lo permite. Mal hace el nuevo secretario de Gobierno en hacer una de sus primeras declaraciones como responsable por la gobernabilidad de la entidad, al tomar partido dentro del proceso electoral. Ojalá recuerden que la única autoridad en materia electoral es el Instituto Estatal Electoral y, en su caso, el tribunal electoral del Estado de Michoacán. Estos órganos son los responsables tanto de organizar como de vigilar que cada partido político y cada uno de los contendientes se apeguen a la legislación electoral y, en su caso, les sea sancionada su conducta si se comprueba que desacata alguna norma. Todo Michoacán lo espera, cumplamos cada quien con el apego irrestricto a la norma. Así ganaremos todos. |
