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La Educación es un derecho social contemplado en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En él se establece que la Educación que imparta el Estado, o sea el Gobierno, será laica, gratuita y obligatoria; además, promoverá el desarrollo integral y armónico de los individuos. Sin embargo, los gobiernos de los últimos 20 años no han atendido este mandato constitucional, pues, lejos de destinar los recursos suficientes para garantizar una buena educación, los han venido reduciendo de manera drástica dejando a las escuelas en el abandono y descargando esta responsabilidad en los padres de familia principalmente. Tan sólo para este año, el Gobierno y los diputados redujeron el presupuesto educativo por más de 30 mil millones de pesos respecto al año anterior, cayendo a menos del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), incumpliendo así lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación que mandata al gobierno destinar el 8% del PIB al sector educativo. Nuestras escuelas están cada vez más abandonadas por el Gobierno: aulas dañadas por la falta de mantenimiento, butacas y mesabancos deteriorados e insuficientes, talleres y laboratorios sin equipamiento, parcelas escolares ociosas por la falta de apoyos, sanitarios en mal estado (en muchas escuelas ni existen), patios y canchas sin techo, etc. Todo esto sin contar las escuelas o aulas de “palitos y cartón” que abundan en todo el estado por la escasez de recursos para la construcción. Pero el abandono no sólo es en lo material. También las escuelas carecen del personal necesario para funcionar bien. La gran mayoría de las escuelas no cuenta con intendentes y veladores. En preescolar y primaria son muy pocas escuelas las que tienen maestros de educación física y artística. En el nivel de secundarias los prefectos, las secretarias y las trabajadoras sociales son insuficientes. Ante esa situación de abandono de las escuelas provocado por la reducción del presupuesto educativo, el Gobierno, de forma irresponsable, promueve y permite las llamadas “cuotas voluntarias” que pagan los padres de familia. En muchas escuelas, principalmente las que se ubican en las grandes ciudades, estas cuotas se condicionan a la inscripción de los estudiantes, si el padre de familia no paga la cuota, su hijo no es recibido en la escuela, negándole su derecho a la educación. Este proceso de verdadera privatización de la Educación, ahora es empujado por el Gobierno a través de los llamados “Consejos de Participación Social”, figuras con las que buscan legalizar las aportaciones de los padres de familia y de otros actores, como los empresarios, en las escuelas, para que estas no se caigan y se sostengan con los mínimos apoyos, mientras el Gobierno desvía los recursos a otros rubros como el de la “Seguridad Pública” cuyos resultados negativos están a la vista de todos. En cuanto al desarrollo armónico e integral de los niños y jóvenes, el Gobierno tampoco está respetando este precepto del Artículo 3º de la Constitución, pues desde el año de 1992 viene imponiendo reformas educativas que lo único que han generado es una formación parcial y mínima de los estudiantes. Primero fue la llamada modernización educativa impulsada por el gobierno de Salinas de Gortari y después los pactos y alianzas por la “calidad educativa” y la “educación en competencias”, promovidas por los gobiernos panistas y con estas reformas lo que realmente buscan, es que, desde la Educación Básica, se forme mano de obra barata, semicalificada y disciplinada, tal y como lo demandan las clases empresariales, quienes creen que explotando más a los trabajadores podrán resolver la actual crisis del sistema capitalista. En el caso de los trabajadores de la Educación, también estamos abandonados por el Gobierno. Desde hace más de 25 años se nos impone el “tope salarial”, lo que ha provocado un rezago de nuestro salario en más del 80%; es decir, lo que ahora percibimos, alcanza para adquirir la cuarta parte de lo que antes lográbamos en términos de calidad de vida. Sólo unos cuantos son los que perciben buenos salarios y no necesariamente son los mejores trabajadores, pues la llamada Carrera Magisterial -promovida por la señora Elba Esther Gordillo- ha demostrado su fracaso al fomentar la corrupción y la simulación. Al tope salarial y a la Carrera Magisterial, ahora se le agrega la “Certificación Laboral”, a través de las antipedagógicas pruebas estandarizadas (ENLACE), violentando así nuestros derechos laborales y salariales, lo cual provoca mayor inconformidad y malestar docente. Por si fuera poco, en el año de 2007 el Gobierno y los diputados nos impusieron una “nueva ley” del ISSSTE, la cual cancela nuestro derecho a la seguridad social colectiva y solidaria; es decir, a la jubilación digna, a la atención médica integral y a la vivienda económica, así como a diversas prestaciones. Esta política educativa, promovida por los gobiernos en turno, en complicidad con la nefasta Elba Esther Gordillo, ha dado como resultado que existan escuelas abandonadas, formación mínima para los estudiantes, trabajadores mal pagados y desastre educativo. Este desastre educativo sería peor sin la lucha del magisterio y padres de familia, pues juntos hemos logrado recursos importantes para que los estudiantes de secundaria reciban, desde el año de 1997, los libros de texto de manera gratuita y, después, todos los de educación básica reciban los útiles escolares, así como uniformes y calzado para los que viven en las zonas de mayor pobreza, además del incremento de las becas y otros apoyos para sus hijos que, seguramente, ustedes tienen en cuenta. En los últimos años, hemos logrado recursos para un programa de infraestructura educativa, que incluye la construcción de aulas, oficinas y baños, equipamiento y mantenimiento escolar; pero que, debido al burocratismo del Gobierno, ha sido muy lento el flujo de esos fondos. También hemos logrado sostener la plaza automática para los egresados de las normales públicas del estado, sin las cuales, aumentaría el faltante de maestros. Asimismo conseguimos algunos cientos de plazas de personal de apoyo y asistencia a la educación, con las que hemos abatido un poco el déficit en este rubro que suma más de 3 mil plazas en el estado. En este año 2011, queremos, junto con los padres de familia y el pueblo en general, avanzar en la superación de estos rezagos y lograr revertir el proceso privatizador de la Educación promovido por el Gobierno, haciendo valer lo establecido en el Artículo Tercero Constitucional. En esta nueva Jornada de Lucha, la demanda principal es, precisamente, que el Gobierno incremente el presupuesto educativo en términos suficientes para que se cubran todas las necesidades de las escuelas, para que los padres de familia ya no tengan que cargar con ese gasto, porque, para eso, todos pagamos impuestos. Desde el pasado 7 de abril, entregamos nuestro Pliego de Demandas al Gobierno del Estado, y el 8 del mismo mes, lo hicimos ante el Gobierno Federal. A casi dos meses, no hemos recibido ni una sola respuesta. Esta cerrazón e indiferencia por parte del Gobierno Federal principalmente, nos ha obligado a tomar la decisión de estallar un PARO INDEFINIDO DE LABORES a partir del 31 de mayo, con la intención de que todos los compañeros se incorporen a las actividades tendientes a sensibilizar la postura del gobierno y así encontrar respuestas favorables. Este jueves 2 de junio, partiremos en Marcha-Caravana de la ciudad de Morelia a la ciudad de México, para insistir ante la Presidencia de la República por la solución a las demandas educativas y sociales. Y para exigir se nos dé un trato justo a los michoacanos, y no se nos siga discriminando. |
