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Para sorpresa de muchos, el día de ayer en el Senado de la República, comisiones unidas aprobaron una reforma política que augura mejores tiempos para la vida del país. Las comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y de Reforma del Estado conformado por senadores de todas las fuerzas políticas, acordaron un dictamen que cuenta con toda la probabilidad de que sea autorizado por el pleno de los senadores antes de que concluya el actual periodo de sesiones el próximo 30 de abril. Iniciativa ciudadana, consulta popular, candidaturas independientes, reelección de legisladores, nuevos criterios para la integración de la asamblea legislativa del DF, ratificación del Senado para los funcionarios de órganos reguladores, iniciativa preferente, mecanismo de substitución del Presidente en caso de falta absoluta, reconducción presupuestal y derecho de observación al presupuesto de egresos de la federación, son los grandes enunciados de la reforma. Cada una de ellas implica una nueva práctica de funcionamiento en el sistema político mexicano y seguramente traerá vientos de renovación. Como todo acuerdo producto del consenso de visiones distintas, podrá dejar complacidos medianamente a algunos y a otros francamente insatisfechos. Ciertos críticos, podrán apurarse a concluir que no es una reforma que responda a las necesidades de la ciudadanía y sí de los partidos. Por mi parte, y de cara a otras iniciativas tan o más importantes de la que nos ocupa, pero que ocupan el status de “congeladas”, me parece que debe valorarse en su justa dimensión. Es menester subrayar que la introducción de dichas reformas implica cambios en la Constitución General de la República, lo que conlleva a reactivar al Constituyente permanente, es decir, se requiere una mayoría de las dos terceras partes del Senado; dos terceras partes de la Cámara de Diputados y la aprobación de la mitad más uno de las legislaturas locales. Además, la intención del legislador es que las reformas aprobadas el día de ayer, entren en vigor el próximo año en el proceso de renovación del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal. De esta forma, se necesita la voluntad de cientos de representantes populares de todos los partidos políticos para hacer realidad dicha encomienda, se necesita, como desde hace mucho tiempo en el país de voluntad de construir acuerdos. Los acuerdos a los que arribaron los senadores, no agotan la agenda que sobre el tema impulsan el gobierno y los diversos partidos, tenemos pues, si se quiere, una reforma limitada, insuficiente, pero reforma que en algunos de sus aspectos fortalecerá la participación ciudadana y eso es lo realmente trascendente. La consulta popular y la iniciativa ciudadana, pueden influir desde la elaboración de la agenda legislativa, constituye un mecanismo de control o sanción pública al desempeño de los representantes populares, lo cuál constituye – después de más de una década de parálisis legislativa en materia de reformas estructurales- una expectativa sólida en que los cambios mayores se podrán llevar a cabo en un futuro cercano. Me parce lamentable que la reforma no haya incluido la eliminación de los diputados plurinominales, que fueron necesarios en una etapa donde la contienda era inequitativa y el gobierno jugaba el papel de juez, etapa afortunadamente superada y por ende innecesaria la representación plurinominal. Desde luego, la reelección de diputados y senadores podrá traer, entre los beneficios, un congreso profesionalizado, con mayor especialidad, empero en la ley secundaria debe definirse mecanismos estrictos de rendición de cuentas y por ningún motivo permitir que hagan funciones que le competen al Ejecutivo, práctica perniciosa de nuevo tipo. Esa es la justa y real dimensión, de los acuerdos tomados en el Senado de la República. Inéditas prácticas políticas y nuevos escenarios de competencia, no exenta de críticas, pero sin duda son buenas noticias para la vida pública de México y de Michoacán. |
