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Esta semana, el presidente Calderón dio un paso importante, intentado ya en años anteriores para beneficio de muchas familias que han decidido educar a sus hijos en el sistema de educación particular. Por decreto presidencial, a partir de este año las personas físicas podrán deducir el pago de las colegiaturas de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, de su correspondiente Impuesto Sobre la Renta. Para alcanzar este beneficio, la deducción será efectiva cuando los pagos sean efectuados a instituciones educativas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación. Tal medida aplicará para las colegiaturas de estudios del propio contribuyente, de su cónyuge, de sus hijos o de sus padres. Durante varios años y bajo administraciones de todos los colores, se buscó esta medida, esperada por cientos de miles de familias en todo el país que se esfuerzan todos los días en sacar adelante a los suyos y en cubrir su educación con enormes esfuerzos. Serán aproximadamente 4 millones de niños y jóvenes de los niveles entre preescolar y bachillerato, teniendo un solo límite: el monto equivalente al costo promedio por alumno del sistema educativo público a nivel nacional en cada uno de sus niveles. El hecho de aplicar esta histórica medida, de ninguna manera afectará la cobertura ni la calidad de la educación pública, ya que su costo fiscal se cubrirá con ahorros de la administración pública federal. Es importante señalar que los alumnos que asisten a escuelas particulares no representan un costo para el Estado en materia de educación; sin embargo, sus padres, además de financiar la educación de sus hijos en tales escuelas particulares, continúan contribuyendo para financiar el gasto de la educación pública, a través del pago de sus impuestos. Los límites anuales de deducción van desde los 14 mil 200 pesos en el nivel de preescolar, hasta 24 mil 500 pesos para la preparatoria o su equivalente; es decir, un promedio mensual dentro del rango de mil 100 pesos en preescolar, hasta 2 mil en el bachillerato o su equivalente. La existencia de topes como los antes señalados tienen importantes fines, porque harán que el impacto sea proporcionalmente mayor para las familias con menores ingresos, acotando el beneficio sobre todo de las escuelas caras que beneficiarían a un pequeño segmento que cuenta con los mayores ingresos de la población, pero lo más relevante es topar la deducción al costo del sistema público, descansa en un principio elemental de justicia distributiva, ya que al optar por una escuela privada, la familia le permite al estado dejar de gastar en el sistema público, por lo tanto el beneficio debe toparse al monto que gasta el estado por cada alumno en una escuela del gobierno. Pero el beneficio no termina aquí, dado que ya se ha anunciado la implementación de un programa de crédito escolar para la educación superior, puesto que la deducción de impuestos únicamente aplicará hasta el bachillerato y con ello se fortalecerán los actuales esquemas de financiamiento y de becas para estudiantes de ese nivel educativo. Ya se han generado críticas en torno a la deducción de impuestos en escuelas particulares, sobre todo ante la interrogante acerca de cómo se van a obtener los recursos para financiar la medida. La respuesta al respecto ha sido contundente: en primer lugar, el impacto recaudatorio no afectará las estimaciones de ingresos del presente ejercicio fiscal, puesto que las primeras declaraciones se presentarán hasta abril de 2012, pero lo más importante es que no se afectarán los programas sustantivos en educación, ya que se cubrirá con las economías que genera la administración pública federal. Pero sobre todo, es destacable que la deducción contribuirá a evitar que la educación de niños y jóvenes se vea interrumpida por falta de recursos, pues miles de jefes de familia hacen esfuerzos extraordinarios por pagar una o varias colegiaturas para que sus hijos, tengan una escuela en la que los profesores asisten en promedio el 97 por ciento de los días obligatorios. A más largo plazo, nuestro país podrá tener una mejor educación y capital humano que lo conduzca a reproducir valores como la responsabilidad y cumplimiento del deber, que a su vez generan mayor productividad en todos los campos de desarrollo profesional y laboral. Algunas cifras importantes, tanto a nivel nacional como estatal, son las siguientes: en el país laboran con su correspondiente autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública 41 mil 206 escuelas privadas, las cuales atienden a más de 4 millones de alumnos de los niveles desde preescolar hasta bachillerato, pasando por primaria, secundaria y profesional técnico. En lo que toca a Michoacán, para los mismos niveles, laboran mil 207 colegios, dando atención a 122 mil 472 estudiantes. Hay que tomar en cuenta que en los referidos niveles educativos, se preparan en todo el estado (incluyendo escuelas particulares y oficiales) un aproximado de un millón 271 mil 510 niños y jóvenes, por lo que quiere decir que alrededor del 10 por ciento de ellos cursan sus estudios en las escuelas particulares. Finalmente, esta medida atenderá a la competencia en la educación puesto que los monopolios, en cualquier rubro, generan deficiencia y encarecen los servicios. Que un jefe o jefa de familia tenga la posibilidad de escoger, sin problema de carencia económica que le impida ejercer su libertad, la escuela a la que vayan sus hijos, obligará a todas las escuelas a ofrecer mejores servicios para no perder a los alumnos, y con ello, el recurso que en las escuelas del gobierno se reciben. Y también permitirá a miles de excelentes profesores recibir una paga mejor por sus servicios y por la calidad de los mismos. Con este decreto se apoya la economía de millones de familias mexicanas, se garantiza la libertad de educación y se rompe la inequidad en el pago de los impuestos. |
