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La corrupción, los moches y el abuso de poder no son exclusivos de un partido como lo ha buscado establecer el PAN en esta contienda electoral; haciéndose pasar por el pulcro de la política y con la autoridad –que no tiene— de erigirse como el juez en Sonora. El PAN también tiene en su haber una negra historia en el uso de los cargos públicos y de elección popular para beneficio propio. Es más, en su ambición de poder político y económico ha ido más allá del ataque a los contrincantes en tiempos electorales; su falta de sensibilidad como gobierno lo ha llevado incluso a trastocar los derechos humanos y lo más preciado para el ser como es la vida, la salud y los derechos al trabajo y al agua. Desde que el PAN ascendió realmente al poder con el gobierno federal de Vicente Fox y la continuidad de Felipe Calderón, en cuya última etapa el partido azul ganó las elecciones en Sonora en 2009 con Guillermo Padres; la sociedad ha sido más vulnerada que nunca en sus derechos básicos y elementales. En la guerra contra el narco, al gobierno de Calderón se le atribuyen de entre 90 y 150 mil muertes de mexicanos; suceso trágico que el michoacano minimizó al considerarlas “daños colaterales”. En los gobiernos panistas no olvidemos tampoco que la clase trabajadora ha sufrido los más fuertes reveses desde los albores de la Revolución Mexicana, con el desconocimiento de la huelga en la mina de Cananea y la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con lo cual el PAN violó el derecho básico al trabajo a miles de asalariados que quedaron en la calle, por decisiones tomadas en beneficio de la clase empresarial. Recientemente en Sonora, el gobierno de Guillermo Padrés evidenció una podredumbre que va más allá del desvío de recursos públicos y abuso de poder en su administración. Vulneró los derechos más elementales de una región al solapar al Grupo México, la multimillonaria empresa que contaminó –por descuido o deliberadamente-- los ríos Sonora y Bacanuchi, sobre los que derramó desechos tóxicos, en lo que se ha conocido como el más grande ecocidio en México en los últimos años. Con este respaldo y su negación a hacer valer la ley y el compromiso de la empresa de resarcir el daño, el gobernador Padrés Elías violó los derechos a la vida, la salud y al agua de los pobladores de la región afectada. Y no obstante el daño irreversible en términos humanos y de ecosistema, el mandatario sonorense se mantuvo firme en la defensa del Grupo México, sin importarle el daño que esta empresa le ha causado a Sonora desde Cananea hasta Bacanuchi. La defensa del PRI en el caso Pavlovich, denunciar espionaje Para la defensa de la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich, frente a los audios de conversaciones donde se evidencia corrupción, los priistas en Sonora y en la capital del país encontraron como su mejor defensa denunciar “espionaje” del gobernador Guillermo Padrés y que éste usa recursos públicos para la maniobra. Así, desde en conferencia de medios en el Senado de la República en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Abel Salgado de Jalisco negó la autenticidad de los audios y responsabilizó al gobernador de Sonora de utilizar el aparato de estado para atacar al contrincante electoral. En el acto el diputado que ocupa la secretaría en la Comisión de Transparencia de la cámara baja, aseguró que se trata de grabaciones logradas durante todo un año y editadas para lograr que se escuche lo que ya todos oímos, que Claudia Pavlovich pide moches y amenaza con utilizar el poder de la Cámara Alta para contraatacar en caso de perder la elección, y regresar ella a su curul. Ciertamente el espionaje es un delito en México, pero lo más decepcionante no es que se practique para denunciar otro delito, sino que la guerra electoral entre PRI y PAN en Sonora forma parte de un juego perverso entre políticos. Los que denunciarán todo cuanto se pueda en tiempo de campañas, pero al asentarse el gobierno se guardará silencio y negociará con el ganador como ha sido en la historia de las alternancias. Esperemos que esta vez no sea así. |
