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Muy criticado ha sido el presidente Enrique Peña Nieto por el anuncio tardío de acciones a realizar para sacar a México del atolladero. Sobre todo porque una vez más priorizó la creación de leyes como la solución a los problemas de violencia, pobreza e inseguridad, como si las leyes en vigor no fueran suficientes para reaccionar. Con todo y la crítica, en el Congreso senadores y diputados se alistan a convocar un periodo extraordinario para revisar y aprobar las iniciativas anti-crimen que el ejecutivo ha comenzado a enviar. Así los legisladores tratan de mostrar a México y al mundo que hay voluntad para sacar adelante al país. Aunque en la realidad, la sociedad tiene claro que se trata de dilaciones, pues la acción de gobierno pudo y debió ejecutarse desde el primer día de la administración. No obstante vemos que el legislativo juego el juego del ejecutivo, de hacer como que se hace, aunque en el fondo lo hecho no represente la solución a los problemas. Los actores de la tragicomedia mexicana hoy Los actores principales en este juego son los coordinadores del PRI en el Senado, Emilio Gamboa y en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, lo mismo que sus homólogos del PVEM y PANAL, partidos aliados al tricolor. Y hasta el mismo PRD con Miguel Barbosa y Silvano Aureoles a la cabeza. Quienes han adelantado que el periodo extra es muy seguro. Sobre todo porque están en la mejor disposición de brindarle al presidente Enrique Peña Nieto las herramientas que solicita para la mejor ejecución de su gobierno. Al respecto, diputados han expresado que el Senado ha pedido a la cámara baja no cambiar ni una coma a los dictámenes que el Senado envíe a San Lázaro. Y al parecer así será. Ley anticrimen debilita a municipios La reforma más compleja de este paquete anticorrupción del ejecutivo federal es quizá la desaparición de las policías municipales a cambio de una policía federal, lo cual implica la disolución del municipio libre en los términos que establece la Constitución Mexicana hoy. Sin embargo, frente a la crisis de inseguridad en los municipios la respuesta más apegada a nuestro marco constitucional y su espíritu, sería fortalecer al gobierno local con recursos y no quitarle el mando policiaco, como busca el presidente Peña Nieto. Nadie puede negar que la deuda del gobierno federal con los municipios es mucha y ancestral. Y si se ha infiltrado el crimen organizado ha sido precisamente porque se han visto ahorcados, sin recursos y sin voto en el pacto federal en el que han estado olvidados. De ahí que las leyes en vigor –efectivas y vigentes en nuestro actual panorama-- deberían aplicarse en vez de seguir inventando en cada crisis leyes sobre leyes que nadie va a respetar, comenzando por los gobiernos y los propios legisladores. Movilidad contra marchas En la discusión de la ley de movilidad el PRD, PT y MC votaron en contra al argumentar que el derecho de la movilidad trastocará las manifestaciones sociales en las calles. Sin embargo la ley de movilidad impulsada por el diputado Marcos Aguilar del PAN, aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados este martes, va más allá de regular las marchas. Se trata de garantizar el derecho universal del ser humano a desplazarse de un lugar a otro, mediante un transporte eficaz, sustentable y accesible. Para lo cual la nueva legislación obliga al Estado y la Cámara de Diputados a etiquetar recursos del presupuesto para crear obra de infraestructura como calles, caminos, carreteras, puentes, ciclo-vías y demás que garanticen la movilidad de los seres humanos a pie, automóvil, bicicletas y motocicletas con equidad |
