El Congreso del Estado de Michoacán recibió este lunes la solicitud de juicio político en contra del gobernador Silvano Aureoles, a quien se le acusa de violar la soberanía y libertad del estado, y por faltar a sus responsabilidades como servidor
01:38 PM 03/08/2021
Morelia, Michoacán, 3 de agosto de 2021*.- El Congreso del Estado de Michoacán recibió este lunes la solicitud de juicio político en contra del gobernador Silvano Aureoles, a quien se le acusa de violar la soberanía y libertad del estado, y por faltar a sus responsabilidades como servidor público.
Esta solicitud fue presentada por el diputado local, José Alfredo Flores Vargas, perteneciente a la bancada de Morena, luego de que el mandatario estatal decidiera ocupar días hábiles para emprender su "gira de trabajo" para desacreditar el resultado de la elección a gobernador en Michoacán.
La solicitud de juicio político argumenta que el titular del Ejecutivo de Michoacán incurre en responsabilidades electorales, administrativas, políticas y penales, por lo que debe ser sancionado.
Puntualiza que las acciones del actual gobernador violan la Constitución Estatal, por lo que hay elementos para que proceda el juicio político, según lo establecido en el Artículo 30, fracciones I, III, IV y V de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios.
La referida ley establece que el juicio político es procedente cuando los actos de los servidores públicos "atenten contra las instituciones democráticas o la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y popular de conformidad con el pacto federal;"
"Interfieran indebidamente a favor de partido político o candidato durante los procesos electorales o violenten la libertad de sufragio;"
"Impliquen usurpación de atribuciones;
Violenten la Constitución del Estado o las leyes que de ella emanen. Y Distraer los caudales públicos del objeto a que estén destinados por la Ley".
Cabe destacar que se podrá sancionar en el juicio político con la suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público estatal o municipal.
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