Al presentar su postura en tribuna, Lupillo Aguilera precisó que éste dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se encuentra a discusión proviene de una iniciativa presentada por el Presidente de la República.
06:34 PM 09/12/2020
Palacio de San Lázaro a 9 de diciembre de 2020. Una vez aprobadas las reformas a la Ley del Seguro Social y al Sistema del Fondo de Ahorro para el retiro, el Diputado Federal José Guadalupe Aguilera Rojas señaló, que con estas reformas, el Gobierno federal pretende preservar el Sistema de Ahorro para el retiro a costa de comprometer mayores recursos fiscales.
Al presentar su postura en tribuna, Lupillo Aguilera precisó que éste dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se encuentra a discusión proviene de una iniciativa presentada por el Presidente de la República.
Por su naturaleza, bien podría haber sido presentada por cualquiera de sus predecesores. Al igual que las reformas paramétricas que siguieron a las reformas privatizadoras del zedillismo al calderonismo, solo tratan de corregir fallas del sistema actual las cúpulas y mover algunas piezas del tablero, sin entrar a fondo en el análisis y la crítica del modelo privatizador de pensiones.
Al igual que las reformas neoliberales de sus predecesores, se tejió “en lo oscurito”, con la venia de las cúpulas empresariales y las burocracias sindicales corporativas.
Con la reforma, el gobierno federal asumió la propuesta de reforma que el Consejo Coordinador Empresarial y la Amafore le sirvieron en la mesa.
El Presidente, que presume tanto su visión de la historia, bien pudo haberse puesto a estudiar el papel del Estado mexicano para lograr la expedición de la primera Ley de Seguro Social (1942), la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (1943) y el pago de cuotas obrero patronales para sostener los beneficios de ley en favor los trabajadores y sus familias.
Solo entonces, vería lo limitado de una visión que parte de solucionar un problema creado por la capitalización individual, teniendo como única opción a la propia capitalización individual. Esto se llama patear el bote: aplazar los problemas, reducir los efectos de la crisis con recursos público y pasar a la siguiente generación el costo de medidas que aparentemente beneficiarán a asegurados, pensionados y sus beneficiarios.
El gobierno malgasta una oportunidad para atender estructuralmente el horizonte pensionario de los trabajadores, remendando parches por aquí y por allá, para no ocultar su indolencia y su ignorancia ante el problema.
El objetivo real de la reforma plasmada en el dictamen, que copia al carbón la iniciativa del Presidente es preservar el Sistema de Ahorro para el Retiro a costa de comprometer mayores recursos fiscales. Como toda reforma neoliberal, ésta socializa las pérdidas del sistema, subsidia la ineficiencia de las AFORES y las rescata de su inminente fracaso.
En la reforma propuesta, el Estado deberá hacerse cargo de pagar pensiones mínimas garantizadas a más del 80 por ciento de los trabajadores de la generación AFORE, la que se supone financiaría con ahorro propio sus pensiones, según la reforma de 1997.
El SAR así “reformado” seguirá siendo eso, un sistema de ahorro. Un sistema de capitalización individual, soportado por una enorme carga de subsidios públicos, que garantizará “pensiones mínimas” por el Estado, pero no pagará mejores pensiones.
La propuesta crea una falsa ilusión de Bienestar al sumar artificialmente la mal llamada “pensión universal” para adultos mayores a la “pensión contributiva”.
El derecho ciudadano a un apoyo monetario universal siempre será bienvenido, aclarando que no se trata de una pensión sino de una ayuda económica para los adultos mayores del país, la cual, eventualmente, deberá remodelarse progresivamente para incidir en una redistribución de ingresos en la vejez, más justa.
Se dice que la reforma mejorará la pensión al incrementar la aportación tripartita al sistema de 6.5 a 15.0 por ciento, donde los patrones absorberán la mayor carga.
Pero la propuesta en detalle revela por qué los patrones acceden a contribuir con mucha generosidad a las cuentas individuales de los trabajadores. El aumento no va a ser general y su gradualidad quedará borrada por el simple efecto inflacionario.
Más aún, algunos patrones ya están sugiriendo incorporar este aumento de la cuota al paquete de negociaciones contractuales, cambalachéandolo por aumentos salariales o prestaciones.
Al final del día, el Gobierno absorberá la mayor parte del financiamiento del ahorro para el retiro de trabajadores de menores ingresos (1.0 SM a 4 UMAS); en tanto que, los patrones se verán incentivados a afiliar con bajos salarios de cotización para compensar el incremento de la cuota a su cargo.
Incluso la propuesta de poner un tope al cobro de comisiones, necesario para detener la voracidad de la AFORES, es muy relativa: el efecto neto de esta medida se anulará ya que, eventualmente, las nuevas comisiones se aplicarán sobre una masa mayor de ahorro para el retiro. Entonces, mejoran las ganancias de la industria, pero no las pensiones de los trabajadores.
La reforma que impulsa Andrés Manuel López Obrador es tan neoliberal como la de Ernesto Zedillo o la de Felipe Calderón, descansa en falsas expectativas porque no va acompañada de medidas elementales que permitan darle viabilidad, como una reforma fiscal, el fortalecimiento de la economía, la creación de empleo decente, un salario digno y un sueldo de cotización revalorado.
La reforma propuesta va a contracorriente de la tendencia mundial de países que han planteado alternativas al sistema de cuentas individuales, particularmente Chile, cuyo modelo sirvió de ejemplo para la reforma del IMSS de 1997, que no han garantizado pensiones para los trabajadores, pero ha servido para que una élite financiera, propietaria de las AFORES, obtengan ganancias multimillonarias.
Pero ahí donde termina el horizonte pensionario de la 4T, empieza un nuevo debate, que el gobierno no se atrevió a abrir: el reto de nuestra generación es abrir un diálogo amplio y abierto a toda la sociedad, más allá de los acuerdos cupulares que sustentan la iniciativa del presidente, y buscar propuestas que permitan construir un modelo de seguridad social integral, público, redistributivo, equitativo y que sea social y económicamente viable.