De la fragmentación de la ciudadanía a la necesidad de la renovación política

La fragmentación de la ciudadanía se ha acentuado en el contexto de la representación política. Los votantes, y los ciudadanos en general, se reconocen cada vez menos en sus representantes porque sirven a instituciones que ya no pueden ejercer los derechos garantizados por el estado de bienestar.

De hecho, debido a las deficiencias institucionales, se generó una dualidad política, con dos grupos diferenciados en nuestra sociedad. Por un lado, hay personas que disfrutan de la ciudadanía plena en función de su capacidad para mantener sus propios derechos: económicos y sociales. Los ciudadanos de segunda clase, por otro lado, son aquellos que sufren los obstáculos en el ejercicio de estos mismos derechos porque no tienen los medios para hacerlo por sí mismos.

La presente crisis global del COVID 19 solo vino a visibilizar este proceso y aumentar la brecha. La fragmentación política no sólo es real, pero además se presenta con elementos de discriminación y se trasladó a narrativas de odio y de exclusión.

Esta "summa divisio" de la sociedad generó así una segregación oculta en la participación y la representación política de los(as) ciudadanos(as). Los de la primera categoría, con estatus socioeconómico, participan y tienen voz en las asambleas políticas y en la vida pública. Los del segundo pueden, como máximo, participar pasivamente en las elecciones en las que están sub -representados. Ejemplos de esta sub-representación los podemos encontrar en la participación de grupos vulnerables y de las minorías, acotada, puntual y controlada.

Así, uno de los síntomas de esta crisis de representación y de ciudadanía radica en la participación desigual entre mujeres y hombres en la gobernanza política y también económica. Desigualdad que resulta en la falta de oportunidades para que, por ejemplo, las mujeres participen en el ejercicio de mandatos y funciones electivas., aun y cuando los avances legislativos han sido progresivos. Pero de la norma jurídica a los comportamientos socio-electorales va todo un océano de discriminaciones activas y pasivas, algunas con alto contenido de violencia(s).

Si bien algunos argumentan que la subrepresentación de las mujeres en la política se debe a un reconocimiento tardío de su derecho al voto, principalmente debido a la concepción tradicional del papel de la mujer en las sociedades (de corte occidental o de otros conjuntos civilizacionales) que, hasta la segunda mitad del siglo XX, tuvieron su actividad limitada a la esfera privada y las tareas del hogar, mientras que la esfera política estaba bajo la responsabilidad casi exclusiva del hombre.

Sin embargo, el desafío de redefinir la ciudadanía también en el femenino, consiste sobre todo en la articulación de las dimensiones sociales y políticas, en el marco del estado de bienestar y de la democracia tanto representativa como participativa. Cuando se trata de la participación de las mujeres en la política, se trata de tener en cuenta su capacidad para imponer una definición de ciudadanía que incluya una dimensión social. Luego, las mujeres se convierten en sujetos políticos cuando consideran los derechos sociales como un campo de lucha y negociación. Tienen la capacidad de tener un peso en el espacio público y político por su implicación en los casos de democracia participativa, que consiste en una grande fortaleza de las sociedades actuales ( así como lo fue por el pasado, en algunas sociedades tradicionales)..

Por lo tanto, la “ciudadanía femenina “ debe adoptar un carácter participativo, no pasivo. En otras palabras, las mujeres deberían poder representar a la sociedad civil en su conjunto y no solo poder expresar sus voces cuando se les solicite un referéndum, una elección legislativa o local. . Les corresponde a ellas afirmar y reivindicar una presencia efectiva en los lugares políticos.
Lo que pasa, también, por la evolución de las mentalidades y la necesidad de la renovación política, lo vuelvo a enfatizar.

Entre la evolución de las mentalidades y la necesidad de la renovación de la clase política, todos los partidos políticos, cualquiera sea la tendencia, y los gobiernos están obligados a buscar y garantizar una representación efectiva de la ciudadanía., mujeres y otros grupos vulnerables incluidos .

Para tal , es obligatorio implementar las medidas de afirmación positiva para la participación (real, concreta y, en lugares de decisión) de la mujer en la vida política.

Reconociendo la necesidad de renovación política, y en última instancia de ciudadanía plena , no sólo de derecho pero de hecho para las mujeres, desde hace algunas décadas se han adoptado normas y medidas para facilitar su acceso a cargos y cargos elegidos, bajo el principio de la paridad. Inspirados por el derecho internacional y la experiencia en democracias desarrolladas, varias órdenes legales han introducido las llamadas medidas de acción o discriminación positiva en el sistema de representación política (y socioeconómica).

En términos generales, las medidas positivas (acción y discriminación) se definen como tendientes a (r) establecer la igualdad en favor de una persona que es discriminada por pertenecer a un grupo minoritario, diverso o que -aún mayoritario como las mujeres - están en desventaja por cuestiones ideológicas, culturales, sociales , religiosas, económicas, etc. Su objetivo es lograr, dentro de un cierto período, la igualdad entre este grupo y los demás que no son discriminados. Las características y las diversas formas de medidas positivas hacen de ellas , no lo debemos olvidar, excepciones experimentales con respecto al principio de igualdad.

De hecho, la introducción de estas medidas positivas se ha convertido en una "revolución” , que las crisis nacionales o globales colocan en entredicho y envían al limbo de las preocupaciones “no prioritarias”. En consecuencia, toda vigilancia es poca , para que , a cubierto de una pseudo justificación securitaria y/o restrictiva , en base a justificaciones arbitrarias emergentes del combate a la pandemia, al renascer de la narcoguerra y al estancamiento económico, no vayamos a recaer en “recesión “ de derechos políticos, sociales, económicos, culturales y difusos.
Para hacer frente a estos riesgos ,presentes y a mediano plazo, necesitamos de una renovación política, de una “refundación” del mundo .

De la fragmentación de la ciudadanía a la necesidad de la renovación política

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