Diputado Ignacio Campos, gestiona recursos para la Universidad Michoacana
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Se avanza con paso firme.
06:45 PM 24/07/2019
Palacio Legislativo. - El diputado federal, Ignacio Campos, informó que, esta mañana de miércoles, se reunió con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Héctor Garza, donde suscribieron varios acuerdos, como el dar reconocimiento a la planta docente, administrativa y manual del Bachillerato Nicolaita, equipamiento y remodelación de algunas escuelas de nivel básico, medio y medio superior del distrito de Uruapan.
Campos Equihua, agregó esto dará permitirá avanzar en la asignación de recursos que se necesitan en la Máxima Casa de Estudios del Estado de Michoacán.
En su momento el Rector de la UM, Raúl Cárdenas Navarro, reconoció que tiene conocimiento del tema, reconoció en toda la extensión de la palabra, las gestiones del legislador en favor de la máxima casa de estudios de Michoacán.
Por su parte, Eduardo Tena Flores, dirigente del Sindicato de Empleados, destacó el apoyo del gobierno federal y el trabajo que en conjunto se realiza con las autoridades universitarias para lograr mayores recursos y con ello evitar un cierre de año que de nueva cuenta afecte los bolsillos de los trabajadores.
El líder gremial nicolaita , manifestó que, mantienen la postura en defensa de las jubilaciones y pensiones, sin negarse a dialogar sobre las diversas opciones para continuar en la gestión de mayores recursos para la Universidad Michoacana.
A su vez, el representante del Sindicato Stumich, Armando Rangel, dijo que es muy importante el esfuerzo de gestión que hace el Catedrático Nicolaita, Ignacio Campos, que actualmente se posiciona en el Congreso de la Unión.
Por otro lado, en la Ciudad de Uruapan, representantes de distintos sectores aplaudieron la noticia que dio a conocer Campos Equihua.
Michoacán no contempla esta agravante, a diferencia de entidades como Jalisco, Puebla, Estado de México y Tamaulipas, que ya cuentan con figuras similares en sus legislaciones.
La propuesta plantea reformar el Código Electoral para impedir que actores políticos contraten encuestas “a modo”, elevar la veda electoral a cinco días y facultar al órgano electoral para realizar auditorías metodológicas aleatorias.