Reconocen a Michoacán por garantizar el acceso a la justicia

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Durante la ceremonia realizada en la universidad Vizcaya de las Américas, el Consejo directivo de la AMD tuvo a bien otorgar el reconocimiento al Instituto de Defensoría Pública del estado de Michoacá

04:17 PM 15/07/2019

Mérida, Yucatán, a viernes 12 de 2019. Las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de Michoacán para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia fueron reconocidas por la Academia Mexicana de Derecho “Juan Velázquez” (AMD), durante la asamblea nacional realizada en la ciudad de Mérida, Yucatán en el marco del Día del Abogado.

Durante la ceremonia realizada en la universidad Vizcaya de las Américas, el Consejo directivo de la AMD tuvo a bien otorgar el reconocimiento al Instituto de Defensoría Pública del estado de Michoacán (IDPEM), en manos de su director general Marco Aurelio Nava Cervantes, quien durante el último año fortaleció el área de capacitación y profesionalización a través de convenios estratégicos con instituciones de renombre.

El reconocimiento fue entregado por el Dr. en D. José de Jesús Naveja Macías, presidente de AMD y por presidente Honorario Vitalicio Juan Velásquez, además miembros de la institución que impulsa el estudio e investigación del derecho para generar equipo en el ejercicio profesional y el proceso de capacitación y actualización.

Al recibir el reconocimiento, Nava Cervantes resaltó la visión e interés del gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, por contribuir tangiblemente al bienestar de la sociedad, luchar contra la desigualdad social, así como fomentar y promover el respeto a los derechos humanos.

Así mismo, enumeró en 4 las acciones principales que se implementará el IDPEM, y que contribuyeron para recibir dicho reconocimiento nacional: el Programa Defensor Público a tu Alcance, la creación de la Maestría en Defensa Jurídica y Derechos Humano, la puesta en marcha de la Unidad de Mediación; único mecanismo alternativo para la solución de controversias en materia civil y familiar que ofrece el ejecutivo del estado, y por supuesto la conformación de un equipo de investigadores expertos para dar opiniones jurídicas.