Hay que garantizar la participación igualitaria de los aspirantes a Fiscal General

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El actual texto del artículo 101 Constitucional es excluyente y discriminatorio

08:30 PM 11/11/2018

Morelia; Michoacán, 10 de noviembre 2018.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, presentó al Pleno Camaral, a nombre de sus compañeros, una iniciativa de reforma al artículo 101 de la Constitución Política de Michoacán, con la que se pretende salvaguardar los derechos fundamentales de los aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado.

La Legisladora explicó que en las reformas constitucionales realizadas por el Congreso, se establecieron los requisitos de elegibilidad para la nueva figura de Fiscal General del estado, sin embargo no se observó la obligación de garantizar los derechos humanos establecidos en la misma Constitución al hacer referencia como impedimento para la elegibilidad del Fiscal el “o encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad”.

Debido a ello se interpuso ante el Congreso una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con número de expediente 73/2018, que fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de resolución.

Fraga Gutiérrez, destacó que con el grupo de asesores y secretarios técnicos se analizó y discutió el tema por lo que se reconoció que el actual texto es excluyente y discriminatorio principalmente el de la fracción VI del artículo 101 de la Constitución, mismo que hace referencia que para ser Fiscal General del Estado se requiere no haber sido sentenciado por delito doloso, inhabilitado o encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad.

La legisladora del Distrito de Uruapan, señaló en tribuna la necesidad de modificar la redacción y con ello salvaguardar y garantizar el pleno goce y reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en el texto Constitucional.

Hizo un llamado a no esperar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reconocer los vicios de inconstitucionalidad en el citado fragmento de la reforma emitida mediante el decreto 631 y realizar las reformas para enmendar el marco normativo con humildad y responsabilidad.

Por lo que la reforma pretende sustituir el texto de “no encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad”, por el de “inhabilitado para ejercer un cargo público” y con ello garantizar una participación igualitaria.