Aprueba Senado dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social
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Esta reforma permite impulsar mecanismos de exigibilidad política de los derechos, además de contribuir a la reorganización de la estructura institucional que siente las bases para la erradicación
07:10 PM 30/11/2017
Ciudad de México, 30 de noviembre de 2017.- Como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, la senadora Iris Mendoza presentó 2 dictámenes correspondientes a 2 minutas que contienen reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Social que fueron discutidas, analizadas y aprobadas en la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social que se llevó a cabo el 19 de abril de 2017.
En Comisiones Unidas se dictaminó una Minuta con Proyecto de Decreto que fue recibida en la Comisión de Desarrollo Social el pasado 28 de marzo de 2017; ésta reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, que establece las atribuciones de las legislaturas locales, a efecto de que éstas posean las atribuciones para emitir normas en materia de desarrollo social.
De acuerdo con la reforma Constitucional al artículo 22, en materia de reforma política de la ciudad de México, se establecen los preceptos que consideran a la ciudad de México como una entidad federativa.
Por lo anterior, las Comisiones Unidas consideran apoyar en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto que incorpora la frase “las entidades federativas” en modificación del texto vigente de “los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”
El segundo dictamen corresponde a la Minuta con Proyecto de Decreto que fue recibida en la Comisión de Desarrollo Social el pasado 29 de marzo de 2017; adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objeto de promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales.
En consecuencia con la Agenda 2030 y en razón de combatir la pobreza en cualquiera de sus formas, estas Comisiones Unidas ven y asumen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen uno de los caminos para defender el derecho a no ser pobre.
Las condiciones de pobreza y desigualdad que se vive en el país obligan a que se ofrezcan herramientas normativas que contribuyan a manifestar la urgencia de trascender de la igualdad formal hacia la igualdad concreta.
Esta reforma permite impulsar mecanismos de exigibilidad política de los derechos, además de contribuir a la reorganización de la estructura institucional que siente las bases para la erradicación de la pobreza y las carencias sociales con un enfoque multidimensional en el que estén coaligados el desarrollo social, económico y el medio ambiente.
Ambos dictámenes fueron aprobados por mayoría en votación nominal.
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