Lograr un México más justo, el reto: Silvano Aureoles
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El Gobernador Silvano Aureoles inaugura la XXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
12:17 PM 27/07/2017
Morelia, Michoacán, a 27 de julio de 2017.- El reto mayor que enfrentamos como Nación es abandonar para siempre el México bronco y que todos busquemos para siempre construir el México justo, aseveró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, al inaugurar la XXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Con la presencia del secretario de Salud Federal y representante del Presidente Enrique Peña Nieto, José Narro Robles y del procurador General de la República y presidente de dicha Conferencia, Raúl Cervantes Andrade, el mandatario estatal dejó en claro que ningún individuo puede aplicar justicia con su propia mano, pues se lesiona la vida institucional del país.
En una sociedad democrática es fundamental la procuración de justicia, que facilite y permita una convivencia sana, ordenada y pacífica. La democracia sólo existe en aquellas sociedades donde existe la impartición de justicia; afirmó.
Silvano Aureoles destacó que en materia de justicia se enfrentan dos retos: la consolidación y homologación del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Cabe mencionar que en esta asamblea que tendrá verificativo a lo largo de dos días, participan los procuradores y fiscales de 30 de las entidades federativas.
Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, afirmó que el impulso al sector turístico y el incentivo a la economía local, son fundamentales para alcanzar el progreso del municipio.
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El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar para el Estado de Michoacán.
La propuesta integra al marco jurídico estatal la operación del Morebús y los teleféricos, fortalece la seguridad de las personas usuarias y garantiza que la infraestructura financiada con recursos públicos permanezca como patrimonio del Estado.