La creación de un Instituto de Ciencias Forenses, que otorgue un equilibrio procesal entre los involucrados en un juicio, es la finalidad reflejada en la iniciativa de Decreto
08:02 PM 18/05/2011
La creación de un Instituto de Ciencias Forenses, que otorgue un equilibrio procesal entre los involucrados en un juicio, es la finalidad reflejada en la iniciativa de Decreto para crear el Instituto Michoacano de Investigación Forense.
Para su análisis, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Gobernación y Justicia, se reunieron para analizar el contenido de esta iniciativa, propuesta por el diputado Eduardo Sánchez Martínez y que representa una oportunidad para coadyuvar a una igualdad procesal, dado que este organismo estará disponible para ambas partes en un proceso tanto penal como civil, incluso en casos administrativos fiscales y laborales.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Carlos Campos Ponce, aseguró que este tipo de propuestas permitirá que el Congreso local continúe impulsando la reconstrucción de las instituciones de la administración de seguridad en el estado y por ende, ser punta de lanza en el país.
Lamentó que actualmente las áreas de procuración de justicia de todo el país están muy contaminadas de prácticas que no benefician a la ciudadanía, por lo que iniciativas como la analizada, permitirán al Legislativo local hacer patente su compromiso de generar marcos normativos que procuren la impartición de justicia y un trato igual para las y los michoacanos.
A lo anterior, el diputado Eduardo Sánchez Martínez, autor de la iniciativa, explicó que actualmente los servicios periciales son exclusivos de la Procuraduría del Estado de Michoacán e impartidos por una Dirección de Servicios Periciales.
Sin embargo, refirió, estos servicios sólo se encuentran disponibles para el Ministerio Público, es decir, únicamente para la parte que acusa, dejando a la defensoría sin acceso a esta asistencia, dado que en Michoacán no existen laboratorios ajenos a la Procuraduría que presten servicios forenses, además de que el costo de su ocupación sería sumamente alto.
Con esta propuesta, se dota a los servicios periciales de autonomía, respondiendo con ello a un principio democrático de acceso a la justicia.
Durante el análisis de la propuesta, se contempló que el Instituto elaboraría los lineamientos y criterios técnicos y científicos de las diversas especialidades en ciencias forenses; las normas y requisitos de acreditación del desempeño profesional de los peritos, así como los requisitos aplicables para la validación y certificación del dictamen pericial.
Sería auxiliar del Ministerio Público y de la Defensoría Pública en la elaboración o en su caso, la validación de dictámenes periciales; administraría los laboratorios de criminalística que tengan asignados y desconcentrarlos al interior del estado; prestaría trabajos periciales especializados o cualquier otro servicio a las dependencias y entidades públicas de los diferentes niveles del gobierno en el país.
Los órganos del Instituto serían la Junta de Gobierno y la Dirección General, siendo la Junta de Gobierno la máxima autoridad del Instituto.
Se propone que en materia de ciencias forenses y servicios periciales, el Instituto diseñará y establecerá los criterios, normas técnicas y lineamientos a que debe apegarse la presentación y formulación de los dictámenes e informes de las diversas especialidades periciales; elaborará los mecanismos, procedimientos y programas de las actividades que realicen los peritos adscritos al instituto; evaluará y supervisará la intervención de los peritos del instituto en las diversas especialidades, entre otras.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Claudio Méndez Fernández, reconoció lo innovador de la iniciativa, dado que fortalece y procura el acceso a procesos justos. De igual manera, propuso en la mesa de análisis contemplar la integración de la Junta de Gobierno y la participación de todos los sectores involucrados, a fin de que su composición y representación sea por personas comprometidas con la transparencia, pero sobre todo, con el bienestar de la población.
El diputado Francisco Morelos Borja solicitó a los presentes establecer los lineamientos necesarios que permitan un trabajo imparcial por parte del organismo, sin la interferencia de intereses partidistas o personales que desvirtúen la esencia de este Instituto.
La presente iniciativa actualmente se encuentra en estudio y análisis al interior de las Comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y Justicia, por lo que se encuentra sometida al escrutinio de expertos en la materia y de los ciudadanos interesados en el tema, a fin de integrar una propuesta legal que permita eficientar la impartición de justicia en Michoacán.
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