La opción, columna de Jorge Vilchez

Es un hecho, los estudiantes normalistas han rebasado el límite de la tolerancia.

Las acciones vandálicas -secuestro de vehículos de transporte e incendio de algunos de éstos- solo son una muestra de la ilegalidad e intolerancia en la que han incurrido.

“Son acciones al más puro estilo del terrorismo”, ha comentado el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, en relación a la actitud que han asumido los estudiantes normalistas.

“El gobierno que encabezo no va a negociar jamás con grupos que alteren el orden y que violenten la convivencia y la armonía de nuestra sociedad”, afirmó por su parte el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Como se sabe, los normalistas exigen la entrega de mil 200 plazas automáticas. Se oponen a concursar, tal y como lo establece la Ley del Servicio Profesional. Y a ello se ha sumado la exigencia de liberación de sus compañeros, hoy detenidos.

Algunos de los sectores afectados por las acciones vandálicas en las que han incurrido los estudiantes, ya demandan la aplicación estricta de la Ley.

Desde el pasado lunes, la Procuraduría de Justicia decidió ejercer acción penal en contra de una treintena de estudiantes normalistas, acusados de robo, daño en las vías de comunicación y portación de explosivos.

Ello, desencadenó una violenta reacción violenta de sus compañeros al incendiar en diversos puntos del estado algunos de los vehículos que mantenían secuestrados.

Las acciones de los normalistas han recibido la condena de diversos sectores de la sociedad michoacana.

Incluso, hay quienes, como el empresario Arcado Méndez, que demandan el uso de la fuerza pública para contener los desmanes de los normalistas.

Pero, también el mandatario estatal ha recibido el respaldo de los legisladores del PRI, PAN y PRD, Adriana Hernández Iñiguez, Carlos Quintana y Pascual Sigala, respectivamente, en su intención de poner un alto a los desmanes de los estudiantes normalistas.

No hay duda, los estudiantes normalistas han violentado el orden social y atentan contra la propiedad particular, al tener secuestrados a más de un centenar de vehículos de transportes de diversas empresas asentadas en Michoacán.

Y, tampoco hay duda que la autoridad estatal debe hacer prevalecer el orden y aplicar la ley.

Al tiempo

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La opción, columna de Jorge Vilchez

Autor: Jorge Vilchez Pella

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