El caso ABC y la justicia que no llega

Este miércoles en la Cámara de Diputados quedó instalado el Grupo de Trabajo para dar seguimiento al caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora; pero desafortunadamente, se observa más como un acto para ganar notoriedad, que como un grupo para que los legisladores contribuyan a que se alcance la justicia.

Ya que si bien el Grupo verificará que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgue atención médica a los 70 niños que sufrieron secuelas por el incendio; dará seguimiento a las investigaciones de la PGR y verificará que se cumplan las recomendaciones sobre protección civil en las guarderías subrogadas por el IMSS; no se menciona que buscará el castigo a los responsables directos e indirectos, de la tragedia que enlutó 49 hogares, mismos que forman parte de la élite política del PRI y PAN.

Por un lado, los dueños de la ABC, parientes de la ex primera dama, Margarita Zavala, siguen prófugos. Por otro, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, fue exonerado, no obstante que ha sido del conocimiento público que él mismo ordenó el incendio de archivos en el local contiguo a la Guardería, y ese fuego se propagó hacia la estancia infantil, lo que provocó la tragedia.

Para los padres de los niños que perecieron, la justicia vendrá cuando sean encarcelados los responsables directos o indirectos del incendio, y aquellos que incumplieron con las medidas de protección civil; la justicia no se limita a la indemnización, como se ha visto desde entonces.
Presidirá el grupo la diputada Sylvana Beltrones. Su trabajo en el mismo puede elevar su imagen y hacerla brillar con luz propia, frente a la gran figura, que en la política nacional, es su padre Manlio Fabio Beltrones.

Sin duda la presidencia en este Grupo es una buena oportunidad para que la diputada priista logre su desarrollo, si se ocupa con sensibilidad y firmeza para que la tragedia de la ABC no quede impune.

La bota del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo

La división de poderes en México: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es otro de los tantos mitos dentro del Sistema Republicano que nos rige. En la realidad, el Legislativo no tiene poder.

Incluso en la única responsabilidad de importancia nacional que le corresponde: el análisis y distribución del presupuesto federal cada año, los legisladores se encuentran atados de manos ante las decisiones que desde la Secretaría de Hacienda toma el Ejecutivo, antes, durante y después de aprobado el presupuesto.

Tal y como acaba de suceder hace unas semanas con el anuncio que realizó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, del recorte y redistribución arbitraria del presupuesto 2016, ya aprobado.

Hay muchas quejas de parte de los legisladores por esta realidad, pero de ahí no pasa. El Ejecutivo pone y dispone, el Legislativo obedece o se resigna ante hechos anticonstitucionales como el recorte anunciado al gasto de PEMEX, empresa que sigue siendo el soporte de la economía nacional y que, sin embargo, fue vulnerada en su presupuesto por decisión única del Ejecutivo.

La Cámara de Diputados no fue consultada al respecto, no obstante que en teoría compete única y exclusivamente al Legislativo, y muy en particular a la cámara baja, tomar las decisiones sobre el gasto federal. Y es que el Ejecutivo mantiene sometido al Legislativo con todo y la pluralidad de la que goza actualmente el Congreso de la

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