Aprobar sin abrir la discusión en torno a la iniciativa de ley estatal de educación

Aprobar sin abrir la discusión en torno a la iniciativa de ley estatal de educación un caso error de los diputados.

En el congreso local se ha presentado una iniciativa de ley para reformar la actual Ley Estatal de Educación. Los diputados signantes han mencionado que pasará asegunda lectura para su aprobación dentro de un mes. Desde que se supo de esta iniciativa surgieron reacciones, unas enteradas y otras no tanto, para descalificarla o apoyarla. Voces sindicales la descalificaron de inmediato y amenazaron con impedir su aprobación a fuerza de movilizaciones, paros y tomas. No faltó quién aprovechando las circunstancias se lanzará electoralmente en contra de alguno de los diputados firmantes al cual considera su adversario o enemigo. Mala hora para presentar una iniciativa de ese calibre. Sobre todo cuando el asunto más cuestionado se refiere al capítulo de la participación social en educación. Un asunto que debe discutirse a la luz de los implicados y para lo cual un mes es casi nada.

Las políticas de participación social en educación en nuestro país están lejos de responder al objetivo de ciudadanizar la educación. Las medidas implementadas hasta hoy tienen como características centrales, la de responder a las políticas propuestas desde el gobierno en turno a partir de las orientaciones internacionales promovidas por los organismos rectores de capital; lo que explica que se mantenga el proceso bajo un férreo control que impide la verdadera participación social e inhibe la acción de los implicados. Eso se evidencia con las formas como se concibe y crea el marco regulatorio de carácter jurídico que la sustenta y las estrategias asumidas para darle vida al proceso de apertura hacia la participación desde el estado, pues como lo menciona el Acuerdo Secretarial Número 260, del 13 de agosto de 1999, por el que se establecen los Lineamientos para la Constitución y el Funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en Educación (CONAPASE), la mayoría de sus integrantes se eligen a invitación ya sea del Secretario de Educación o de las autoridades educativas de las entidades, con lo que queda más que claro el grado inexistente de participación social y autonomía del CONAPASE, que está integrado al gusto de las autoridades educativas en turno y, como es lógico, para sus propósitos. Ha sido tal el descaro que en su acuerdo de creación se estableció un transitorio que dejó en manos del Secretario de Educación en turno el nombramiento del Consejero Presidente cuando, de conformidad con el propio acuerdo, debe ser electo por mayoría de votos entre el total de los consejeros[i]. Otra característica importante, que se deriva de lo anterior, es su condición antidemocrática, pues la concepción de los consejos, su integración y las formas de participación propuestas son inducidas, por lo que carecen de consenso y se ven más como coacciones o imposiciones que acaban generando malestar y falta de compromiso entre los docentes y los padres de familia; tal vez esta situación sea la que explique en parte, la negativa de los padres de familia y maestros a concretar y consolidar la integración y el funcionamiento de los consejos escolares; pues de acuerdo con los datos del propio CONAPASE Desde la creación de la Ley General de Educación en 1993 hasta nuestros días, en el país se han creado, hasta julio de 2010, 93, 883 consejos de escuelas entre las 224, 768 que existen en el país; 716 consejos municipales y 14 consejos estatales, que representan el 41.7%, 29.15% y 43.75% respectivamente[ii]. Lo que habla de las grandes dificultades que esta tarea ha significado para sus impulsores; sobre todo si tomamos en consideración que la mayoría de estos consejos en sus modalidades diferentes sólo son una estadística, ya que no funcionan de manera adecuada o de plano no funcionan; pues como bien lo afirman los investigadores Martínez Bordon, A., T. Bracho González y O. Martínez, como resultado de trabajo realizado en los estados de Colima, Zacatecas y Puebla acerca del papel que tienen los Consejos de Participación Social (CPS), “pudo constatarse que la mayoría de éstos están fuertemente burocratizados pues responden a tiempos político-electorales y a los designios de las autoridades”[iii].
Si bien es cierto que en no pocas escuelas del país existe una alta participación de parte de los padres de familia y las comunidades en los asuntos de la escuela, esto se debe más a los profundos nexos culturales de cooperación y organización comunitaria que rigen las relaciones y actividades en la localidad.[iv]
Todos estos elementos has sido catalogados por los docentes (y además lo son), como mecanismos de vigilancia y control, junto con la intención fundada y establecida en el ANMEB, acerca de las nuevas formas de financiamiento, que no es otra cosa que el abandono del estado de sus obligaciones financieras en cuanto a la obligación de garantizar la educación para todos y el proceso comentado ya de generación de un mercado educativo; sin soslayar el papel de oportunidad que se le ha visto brindando a la iglesia católica para pasar sobre la laicidad de la educación. Así pues, la posibilidad de participación del pueblo en los asuntos educativos se derivan de su capacidad organizativa, de su alto contenido cultural que le es intrínseco y que determina las formas y los modos de accionar en la escuela y de la posibilidad de democratizar el estado y, por ende, los gobiernos en donde se sustenta. Sin esta precondición, lo que se verá en el futuro será una réplica de lo que hoy vemos, pero mucho más agravado. La resistencia deberá de continuar con el cuestionamiento e ir más allá en el reencuentro de la cultura popular y comunitaria y en la construcción de nuevas ciudadanías, más autónomas, más informadas, más solidarias y colaborativas.
Está claro que las políticas de participación no responden al reto de la incorporación de la sociedad, y su operación efectiva ha sido pobre y de escasos resultados. Esto se debe a varios factores, comenzando por la idea que tiene el estado de concebir la participación como una actividad ciudadana a favor de sus iniciativas y propuestas. Por esta vía lo que se ha venido haciendo es un esfuerzo por controlar la posible participación generando un marco jurídico y estratégico que no sólo inhibe la participación, sino que la desalienta. En segundo lugar, el propio marco y la estrategia aplicada, han sido propiciatorias de la ausencia de la participación; pues lo órganos creados, en primer lugar, están supeditados a la autoridad del estado, ya sea civil o educativa y, en segunda instancia, no resultan del consenso de la sociedad civil, quien debiera ser la principal protagonista, pues los mecanismos de integración y conformación de los consejos de escuela, municipales, estatales y nacionales adolecen de procesos democráticos y participativos. Por otra parte, existe la presunción de que la sociedad misma no está interesada en formar parte de este tipo de iniciativas, ya sea por cuestiones de carácter cultural o porque consideran que es más burocracia y más trabajo y más aportaciones que cargar, que hacer y que realizar. Razones todas estas suficientes para dejar de lado la intención de aprobar una ley que debe verse no solo con el ojo ideológico y la idea de que debe adaptarse a las políticas nacionales que por lo hasta ahora visto son un verdadero fracaso. Si se quiere avanzar en una verdadera ley de carácter social y esa es la verdadera intención de los diputados sustentantes, deben permitir que la sociedad participe y un mes es demasiado poco para que esto suceda. ¿Cómo recibir la opinión de las más de 12 mil escuelas de la entidad al respecto? ¿Cuánto tiempo nos llevaría en procesar estas opiniones? Sí el asunto medular es la participación social en educación, ¿por qué entonces dejar fuera las opiniones de la misma?

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