CNDH pide preservar evidencias para aclarar muerte de estudiantes

Autor: Redacción

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Aplicar medidas cautelares para preservar las evidencias del caso de la muerte de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

08:50 PM 25/03/2010

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León aplicar medidas cautelares para preservar las evidencias del caso de la muerte de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La finalidad es que se tomen inmediatamente acciones para evitar la pérdida o destrucción de las pruebas relacionadas con este hecho ocurrido el pasado 19 de marzo y garantizar una adecuada procuración de justicia.

Derivado de las diligencias realizadas por este organismo nacional, se tiene conocimiento de que las autoridades citadas se han allegado de evidencias cruciales para llegar a la verdad histórica de este suceso en el que perdieron la vida los alumnos Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.

La solicitud de aplicación de medidas cautelares se hace con fundamento en lo dispuesto en los artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.

CASO MARCELO ADRIAN LUCIO

En relación con el caso del desaparecido, Marcelo Adrián Lucio, la CNDH también ha solicitado la aplicación de medidas cautelares, para salvaguardar su vida, integridad física y moral.

Además, que se ponga en inmediata libertad o a disposición ministerial, según proceda.

La solicitud está dirigida a la Secretaría de Marina, a las procuradurías federal y estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, así como a los presidentes municipales de Santa Catarina y San Nicolás de Los Garza.

Según diversos medios de comunicación, Adrián Lucio, fue detenido el pasado 21 de marzo por personal de Seguridad Pública y trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Marina. Desde entonces se desconoce su paradero.

En ambos casos, las medidas no están sujetas a término; las autoridades cuentan con un plazo máximo de 72 horas para notificar a esta Comisión Nacional si son aceptadas.