La gratuidad de la educacion

Por el Profr. Juan Pérez Medina. (Red MovPAP).

El pago de cuotas por inscripción en las escuelas públicas no está negado en la normatividad de manera específica, aunque en la ley se establece que “…la educación que imparta el Estado será gratuita”, lo que debería ser suficiente para impedir que ese hecho suceda y se consolide. Es difícil aceptar que en una escuela pública no se cobren cuotas o se exijan cooperaciones. En la Universidad Michoacana, por ejemplo, se tiene que pagar para obtener una ficha que le da al aspirante el derecho a hacer examen de ingreso; pero además, tiene que pagar por el curso propedéutico que le han preparado y que es ya la antesala del examen. Todo junto oscila entre los cuatro mil pesos. Si no logra acceder, perderá lo invertido y tendrá que buscar otra opción.
Así pues, el derecho a la educación a que hace referencia el Artículo tercero Constitucional y la Ley General de Educación, queda en entredicho con la aplicación de este tipo de medidas. De acuerdo con datos comparativos con otras instituciones, sólo el diez por ciento de los aspirantes es aceptado en las instituciones públicas universitarias, el resto sólo contribuye a engrosar las arcas de éstas. Por ello, la medida que el gobierno estatal ha tomado para garantizar que los alumnos de educación media superior y superior no paguen cuotas de inscripción es muy importante.
Pero en el caso de la educación básica, el asunto se torna complicado. Los más de 800 mil alumnos que integran este sector, están a merced de una costumbre que ya parece regla. Antes de pisar el salón de clases deben de pagar su cuota de inscripción; además de que sí algunos padres de familia quedaron a deber las cuotas acordadas durante el ciclo escolar anterior, se les amenaza con expulsar a sus hijos, no entregarles sus boletas de calificaciones o el certificado de estudios, o de plano, no aceptarlos para el siguiente ciclo escolar.
Creo que este tipo de situaciones debe ser regulado. Decía en la entrega anterior que de acuerdo con mis cálculos, las escuelas públicas reciben por concepto de cuotas de inscripción más de 317 millones de pesos, que es una suma nada despreciable, pero tampoco una suma que no pueda pagar el gobierno para acabar con esta mala costumbre. Sí el gobierno estatal fijara la cuota de gasto por alumno para cada plantel de la entidad en 200 pesos, tendría que desembolsar cerca de 180 millones de pesos y acabaría con este mal que afecta a los niños y jóvenes de las familias más pobres, afectando con ello su derecho a la educación gratuita. Con esta medida, los directores y las Mesas Directivas de Padres de Familia estarían imposibilitados para imponer cuotas por ingreso, con lo que el gobierno cumpliría con su obligación de garantizar ese derecho. De esta manera, una escuela con 100 alumnos recibiría una cantidad de 20 mil pesos para gastos de operación y una de 1000, 200 mil pesos, que en lo particular me parecen más que suficientes. Estos recursos deberán estar sujetos a reglas de operación con la finalidad de no desvirtuar la finalidad de su entrega.
Si bien esta medida sería magnifica y además permanente y gradual, es necesario revisar muchas de las cosas que suceden al interior de las escuelas públicas con el fin de regular de mejor manera el uso de los recursos que la escuela recibe y gasta. Una buena medida debería ser la implementación de acciones normativas y reglamentarias para que al inicio de cada ciclo escolar, los padres de familia y las autoridades de las escuelas elaboraran un programa de trabajo, del cual se derivara un presupuesto de acciones que determinara las cooperaciones voluntarias de los mismos padres de familia y que no sólo deben ser en efectivo, sino que además se puedan cubrir de otra forma, por ejemplo, con faenas. Lo anterior obliga a no fijar cuotas siguiendo la dinámica actual, en que por lo general éstas tienden a subir, siendo cada año más altas. Podría haber una explicación al respecto, pero de ninguna manera es justificable cuando no deriva de un plan de trabajo bien sustentado y avalado por los propios implicados.
En el caso de las cooperativas escolares que en otras entidades han mutado en tiendas escolares, creo que es necesario avanzar en la intención de convertirlas en una empresa de interés social no lucrativa. Su forma actual es una paradoja más que una cooperativa, pues puede ser todo menos una de ellas. No se conforma con una asamblea en donde los asuntos se diriman de manera democrática. Su estructura y responsabilidades no se eligen y, por lo tanto, no se entregan cuentas de lo que en ellas se administra. Generalmente, al final del ciclo escolar, se hace la entrega de lo que cada socio obtuvo por sus aportaciones a la misma sin mediar explicación alguna y tampoco se acuerda y explica acerca del destino del porcentaje de los recursos que corresponden a la escuela. Eso debería cambiar. El primer paso en ese sentido sería el de convertir la tienda en un asunto de la comunidad escolar completa, de tal suerte que los padres de familia a través de su representación pudieran participar en ella y definir acerca de los recursos que maneja. Implica una nueva figura asociativa que vaya más allá de una simple cooperativa de a mentiras, que es la que actualmente funciona.
Por otra parte, la SEE debería revisar sus programas de mantenimiento, equipamiento y construcción de espacios y generar una política de información a cada escuela, acerca de cómo se operan y cuáles son los criterios para atender las necesidades que se plantean. Lo mismo debe hacerse con el programa permanente de material didáctico y de apoyo que opera en la entidad, pues en muchas escuelas existe material didáctico que no se utiliza o se subutiliza y sigue llegando. Una de las causas principales por lo que esto ocurre es que el paquete de que se diseña para cada nivel y grado educativo no es producto de la consulta con los equipos técnicos, mucho menos con los maestros. Debería hacerse una revisión de la manera en que éstos materiales de entregan y una evaluación acerca de su uso y sus resultados. Lo anterior ayudaría a ser mucho más certeros en las compras y mucho más eficientes en el gasto. De igual forma, es menester revisar los paquetes de útiles escolares que cada año se entregan a los alumnos. En su diseño y composición deberían de participar por lo menos las áreas técnicas y de supervisión con la finalidad de integrar un paquete adecuado y de buena calidad que cumpla con el objetivo con que fueron creados. La integración de los mismos con criterios financieros más que didácticos hace que estos sean de poca utilidad para los docentes y los alumnos; por lo que se hace necesario integrar un equipo de educadores de cada nivel para que con anticipación determine el contenido de los paquetes escolares, así como los criterios de los materiales que lo integran. Esta medida ayudaría a que los docentes no presentaran otra lista adicional de materiales igual o más costosa que cuando el alumno no recibía el paquete de referencia. Los directores y supervisores de las escuelas bien harían en cuidar que los docentes no se excedan en estos menesteres. Sería bueno que en cada escuela se tomaran medidas en colectivo para determinar los listados de materiales que los alumnos deben comprar adicionalmente al paquete de útiles escolares que el gobierno entrega, a fin de no dejarlos al libre albedrío de cada docente.
Todo lo anterior, debería ser ordenado y articulado para que las escuelas funcionaran mejor. Esto haría que el cobro de cuotas perdiera poco a poco sus argumentos y se evitara la tentación de seguirlas aplicando en las escuelas. Puede haber otros muchos cambios y se pueden hacer muchas otras cosas, pero lo importante es que nada quede como ahora, so pena de acabar haciendo de las escuelas espacios cada vez más cerrados al libre acceso de los niños y jóvenes.

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