La gratuidad y el cobro de cuotas de inscripción en las escuelas públicas

El próximo día 23 de agosto iniciará, en todo el país, el ciclo escolar 2010-2011. En la entidad, según datos de la Secretaria de Educación en el Estado, más de 12 mil escuelas entrarán en funciones atendiendo a más de un millón 250 mil alumnos en todos los tipos y modalidades. En Michoacán, entran en vigor, una vez que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el viernes 6 de agosto del 2010, las modificaciones realizadas a los artículos 138 y 139 de la Constitución local por el Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo para hacer obligatoria y gratuita la educación pública de carácter estatal, beneficiando, por el momento, a más de 165 mil jóvenes, en virtud del Transitorio de la ley que menciona que “Las obligaciones derivadas del presente Decreto, serán cumplidas de manera gradual, progresiva. Inicialmente la gratuidad implicará el pago de inscripción en las instituciones públicas de media superior y superior hasta el grado de Licenciatura…”. Lo que significa que en este ciclo escolar los alumnos que aun no se habían inscrito al momento de que esta ley no se hiciera pública, podrán hacerlo sin costo alguno en las instituciones de referencia, no así aquellos que ya lo habían hecho.

El problema de la gratuidad es un asunto que está lejos de resolverse. Las últimas modificaciones hechas a la Constitución mexicana y las leyes y reglamentos que de ella emanan, referente a la educación, han debilitado las obligaciones del gobierno para brindar educación gratuita. El propio Artículo Tercero Constitucional fue modificado con esta intención, aunque haya incorporado la obligatoriedad de la educación básica. Y aunque a la letra dice: “…Todo individuo tiene derecho a recibir educación”, posteriormente menciona en su párrafo IV que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita…”, con lo que deja en entredicho la afirmación primera, pues de esta manera el derecho a recibir educación queda en entredicho, ante la evidente falta de condiciones para garantizar el acceso y la permanencia de los individuos que son sujetos de ese derecho por toda la vida, tal y como lo estamos viendo ahora.
La Ley General de Educación menciona además, en su Artículo sexto que “La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo”; refiriéndose a las aportaciones que se reciban por particulares, ya sean de los padres de familia de manera directa o por gestiones de los mismos. Lo que de aquí se desprende es la manera en como los gobiernos neoliberales han desarrollado una serie de triquiñuelas para contar con una salida en el momento de achicar el presupuesto o no acrecentarlo; a pesar de que el Artículo 25 de la citada ley menciona que los distintos órdenes de gobierno “En todo tiempo procurarán (…) destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública”, ellos se han encargado de empobrecer el presupuesto haciendo que mucha de la carga del gasto educativo recaiga en los padres de familia.
De nada han servido las adiciones alcanzadas desde la oposición para obligar al estado en términos legales a fin de que se aplique por lo menos el 8% del presupuesto nacional a educación, a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.
De acuerdo con los datos extraídos del Tercer Informe del Gobierno espurio, el gasto educativo creció en términos reales 2.7% con respecto a 2008, ocultando que la inflación creció por encima del 4%, y el incremento del gasto que por expansión de los servicios –sobre todo en educación media superior y superior-, se genera cada año y se refleja en la matrícula y en la estadística de los excluidos.

Ante la caída drástica de los recursos educativos por la aplicación de la deliberada política de hacer más con menos, aunada a la creencia neoliberal de que la educación debe ser un servicio que le cueste a los usuarios a fin de exigir su mejora, al tiempo que se promueve la competencia entre las instituciones por la demanda; los gobiernos en los últimos 30 años han legislado y generado programas en donde se permiten realizar ajustes al gasto con aportaciones cada vez más onerosas de parte de los padres de familia. Lo que comenzó por “aportaciones voluntarias” en la ley, se ha convertido prácticamente en una obligación, tal y como lo dispone el Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia, en su Artículo IV, párrafo II que menciona la obligación de los padres de familia de “Colaborar con el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las autoridades las medidas que estimen conducentes”, que significa en llanas palabras, realizar aportaciones económicas o en especie.
Así las cosas, los padres de familia no han tenido más alternativa que pagar cada año cuotas más caras como contrapartida al derecho de inscripción a una escuela para sus hijos. En la entidad no existe escuela que no acabe el ciclo escolar sin anunciar el costo de la inscripción de sus alumnos para el siguiente ciclo. Los padres de familia saben de esta manera que tendrán que desembolsar recursos económicos crecientes para garantizar el acceso y permanencia de su hijo en la institución educativa cualquiera que esta sea. Los costos de inscripción van de 50 hasta 450 pesos según la institución de que se trate. Bajo el argumento de que se requieren recursos para el mantenimiento y el uso de papelería en la escuela, cada año los padres de familia se mantienen en la incertidumbre y la presión acerca de la posibilidad de que su hijo sea echado del salón de clases por no pagar la inscripción.
Suponiendo que el promedio del costo de inscripción sea de 250 pesos por alumno, las aportaciones generales de los padres de familia alcanzan un promedio más o menos de 317 millones 500 mil pesos tan sólo por ese concepto, más los gastos de útiles escolares, uniformes, libros de texto, guías didácticas, exámenes y otros que a lo largo del año se llegan a sumar, como exámenes extraordinarios, expedición de documentos oficiales, etc. Aquí debo mencionar que no se está sumando a este costo el pago que por concepto de ficha para obtener derecho a examen de ingreso y del pago del curso propedéutico obligatorio que ya varias instituciones educativas realizan.
La mayoría de estos costos son totalmente innecesarios y, representan más una forma de obtener recursos que el pago legal de la prestación de un servicio al cual, por ley, tienen derecho a acceder los niños y jóvenes en edad escolar. La forma de transparentar el uso y destino de esos recursos en la mayoría de los casos es poco claro y, por lo general, su explicitación es justificada con trámites administrativos que se ajustan de antemano a reglas que evitan sanciones auditoras.
Varias escuelas secundarias de la Ciudad cuentan con más de mil quinientos alumnos en sus dos turnos. El costo promedio de inscripción por alumno en estas instituciones anda por los 350 pesos; el promedio total que reciben de inscripción anual es de alrededor de $ 525 000, (quinientos veinticinco mil pesos).
Aclaro que no estamos hablando aquí de cuotas voluntarias, sino de cuotas de inscripción, pues sin su pago, por lo general, el alumno no ingresa a las aulas. Está tan consolidado el procedimiento que los padres de familia ni siquiera pagan en las escuelas, pues éstas aportan el número de cuenta bancaria correspondiente para que el padre de familia vaya a pagar y luego con la ficha de depósito realice la inscripción de su hijo o hija.
Estamos hablando aquí de procedimientos totalmente irregulares y contrarios a la ley. Los defensores de la educación pública que cotidianamente se llenan la boca de consignas en ese sentido, deberían de revisar lo que hacen sus agremiados y que lo padecen también en sus hijos. La SEE debería de observar este fenómeno desde la óptica de la educación como un derecho social insoslayable y parte inherente a cada persona, por lo que debe ser garantizado sin cortapisas; lo que obliga a realizar una serie de medidas que con su aplicación vayan a atender esta flagrante violación al derecho social de educarse de manera gratuita.

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