Nuestra identidad no es un hecho aislado del presente; somos, de manera estricta, la suma de lo que decidimos recordar y lo que elegimos sanar, de lo que hicieron con nosotros y lo que aceptamos ser con lo que podemos. Sin embargo, en la administración
pública y en el inconsciente colectivo, la memoria padece una amnesia crónica.
Vivimos bajo un vacío planificado que se traduce en el abandono sistemático de la salud mental, un olvido institucionalizado que se complementa con el miedo.
En México, e históricamente en regiones clave como el Estado de México, la Ciudad de México o Jalisco, ignorar el dolor psíquico no es un error de diagnóstico ni una omisión
involuntaria. Es una decisión presupuestal fría, calculada y, con demasiada frecuencia, el
resultado directo de la corrupción criminal que cobra vidas.
Los datos de salud pública dibujan un panorama desolador que debería encender las alarmas de todos. A nivel nacional, el Presupuesto de Egresos determinó un recorte del
13.8% en salud mental en comparación con ejercicios previos, destinando apenas el 1.5% del gasto total del sector salud a esta área. Esta cifra violenta flagrantemente el 5%
mínimo sugerido por la OMS.
El panorama local es todavía más mezquino y doloroso. El Estado de México, por ejemplo, presenta una de las tasas de prevalencia de depresión más altas del país, afectando con
especial crueldad a las mujeres. En Michoacán, la miseria presupuestal es de dar vergüenza: se destinan menos de dos pesos de cada cien del presupuesto sanitario a la prevención de trastornos emocionales y psicológicos. Mientras tanto, en Jalisco, las
familias enfrentan una altísima tasa de diagnósticos de trastornos mentales crónicos sin que exista una sola propuesta presupuestal novedosa para atenderlos.
El actuar de los diputados en este tema es hipócrita, por no llamarlo cómplice. En la mayoría de los Congresos de los Estados, como en Sinaloa y Michoacán, grupos de
farsantes aprueban pomposas reformas legislativas «en favor de los derechos
emocionales», colgándose medallas falsas frente a los micrófonos. Sin embargo, detrás de la foto meten una trampa discursiva infame: estipulan que estas leyes quedan «sujetas
a la disponibilidad financiera existente». Es decir, derechos de papel sin un solo peso de
respaldo. Usan la salud mental como un estandarte gratuito para los fines privados de un par de charlatanes.
Mientras las instituciones simulan preocupación por las alarmantes tasas de suicidio y el trauma comunitario derivado del desplazamiento forzado, los recursos públicos se van
con particulares.
Es una burla para quienes fuimos considerados “héroes de la pandemia”
, atendiendo en primera línea el quiebre emocional de la población durante el COVID-19, mientras el
sistema nos precarizaba.
La memoria los estados no olvida los desfalcos estructurales que desmantelaron el sistema sanitario, operados con nombre, apellido y complicidades documentadas. Los
dirigentes de esos saqueos son presentados hoy como los próceres de la salud, por ejemplo:
Roberto Madrazo Pintado (Político y empresario): Investigado a través de su red de empresas médicas por beneficiarse de contratos millonarios que superan los 300 millones de pesos, otorgados de manera directa por el gobierno silvanista.
Silvano Aureoles Conejo (Exgobernador de Michoacán): Bajo el amparo de su administración, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desfalco
histórico superior a los 30,000 millones de pesos. Parte sustancial de este daño patrimonial provino directamente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, desangrando los hospitales públicos.
Tenemos un largo etcétera en los estados, pónganle nombres ustedes.
Mantener viva la memoria colectiva es nuestra única herramienta para exigir que los presupuestos dejen de ser el botín de unos cuantos corruptos. Los legisladores que hoy revisan el gasto público deben entenderlo con claridad: una sociedad sin presupuesto
para su salud mental es una sociedad condenada a colapsar bajo el peso de sus propios traumas ignorados.
Causas y azares
Vaya escándalo en la Secretaría de Marina con el tema del exsecretario y sus sobrinos, salpicando la reputación de la institución más confiable del país. En medio de este fango dinástico, la pregunta es inevitable: Y ahora, ¿quién podrá
ayudarnos?
¿Tenemos el gobierno que nos merecemos? Un régimen que nada de a muertito, administrando el dinero público para sus gandallas amigos mientras deja a su suerte y en el abandono a ciudades enteras que claman por justicia y seguridad.
Ya desfilaron otra vez en la SEDENA. Ahora la ciudadanía exige que dejen de
simular y que desquiten los multimillonarios presupuestos que reciben. Esas cifras
Ñ astronómicas no se notan en las calles ni en el combate real a los narcos, quienes
Ñ siguen dominando impunemente comunidades enteras donde viven millones de personas.
Nos estamos viendo, que pensar es olvidar diferencias.
El diputado del Grupo Parlamentario del PRD, Octavio Ocampo, rindió su Segundo Informe Legislativo, reconociendo que este acto público “es la manera más auténtica de corresponder a la confianza que la ciudadanía ha depositado en él”.
La unidad, el trabajo territorial y los resultados legislativos distinguen la trayectoria del diputado local Octavio Ocampo Córdova, afirmó la senadora de la República Araceli Saucedo Reyes, al participar en su Segundo Informe de Actividades.
La protección de las mujeres indígenas frente a la violencia en asambleas y la prevención del acoso en el transporte público han sido parte del trabajo legislativo de Erendira Isauro Hernández, diputada indígena por el Distrito V de Paracho.
En un ejercicio conjunto de rendición de cuentas, ambos diputados expusieron los logros y retos de su trabajo legislativo; la Ley Cazzu fue destacada como el principal avance del periodo.