Gobierno de Michoacán recupera predio invadido en Uruapan

Autor: Redacción

Autor multimedia: Producción

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que, mediante una acción coordinada entre elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, se llevó a cabo el desalojo de las personas que se encontraban.

09:40 AM 23/07/2026

Uruapan, Mich.- En un operativo conjunto encabezado por el Gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado (FGE), fue recuperado un predio ubicado en la colonia Ex Hacienda Santa Catarina, aledaña a Valle Dorado, al oriente de la ciudad de Uruapan, que había sido ocupado de manera ilegal desde diciembre del año pasado.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que, mediante una acción coordinada entre elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, se llevó a cabo el desalojo de las personas que se encontraban asentadas irregularmente en dicho espacio.

Precisó que el inmueble es propiedad de un particular y del Ayuntamiento de Uruapan, por lo que, tras su recuperación, permanecerá bajo resguardo de las autoridades competentes con el propósito de garantizar la restitución de la posesión a sus legítimos propietarios.

Zepeda Villaseñor subrayó que esta actuación se realizó en estricto apego al Estado de derecho y en cumplimiento de un mandato judicial, al tratarse de un bien que había sido invadido y ocupado de manera ilegal.

Asimismo, indicó que las autoridades correspondientes ya efectuaron las diligencias necesarias para la integración de las carpetas de investigación y las denuncias en contra de quienes resulten responsables por la ocupación irregular del predio.

“El Gobierno de Michoacán actúa con pleno respeto a la legalidad y a las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales. Nadie puede estar por encima de la ley y se garantizará siempre el respeto a la propiedad y a los derechos de las y los ciudadanos”, señaló.

Finalmente, el secretario de Gobierno reiteró que la administración estatal mantendrá una política de respeto irrestricto al Estado de derecho, privilegiando el diálogo y las vías institucionales, pero actuando con firmeza cuando existan resoluciones judiciales que deban cumplirse.