Impulsa FGE certificación de facilitadores en justicia alternativa

Autor: Redacción

Autor multimedia: Producción

21 facilitadoras y facilitadores cursan 180 horas de formación especializada en mediación, conciliación y justicia restaurativa.

07:14 PM 11/03/2026

Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los mecanismos que permiten resolver conflictos penales de manera ágil, pacífica y con enfoque restaurativo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició el Curso de Certificación para Facilitadoras y Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, mediante el cual 21 servidoras y servidores públicos recibirán 180 horas de formación especializada.

La capacitación se desarrolla en el auditorio de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y a la Extorsión, sede de las sesiones presenciales que se llevarán a cabo los días viernes y sábado, del 27 de febrero al 9 de mayo.

En este proceso participan 21 facilitadoras y facilitadores, quienes fortalecerán sus capacidades técnicas y éticas para la correcta aplicación de los mecanismos alternativos, herramientas fundamentales para resolver conflictos penales mediante el diálogo, privilegiando los principios de voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, equidad y honestidad dentro del Sistema de Justicia Penal.

El programa académico contempla el análisis del marco jurídico vigente, particularmente la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, incluye formación práctica en mediación, conciliación, justicia restaurativa, manejo de conflictos y elaboración de acuerdos reparatorios.

Durante la jornada inaugural participó la Mtra. Imelda Christiane Rosales Villaseñor, directora de Acceso a la Justicia del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), quien impartió la ponencia que marcó el inicio de las actividades académicas.

Con esta capacitación, la Fiscalía General del Estado fortalece sus capacidades institucionales para impulsar soluciones legales más ágiles, promover la reparación integral del daño y consolidar una justicia más eficiente, cercana y orientada a la solución pacífica de conflictos.