Barragán propone compensar a quienes pierdan su vehículo por hechos violentos

Autor: Redacción

Autor multimedia: Producción

Propone establecer un mecanismo claro para que, cuando una persona inocente pierda su patrimonio a causa de hechos violentos, el Estado pueda otorgar una compensación que le permita recuperarse.

10:13 PM 06/03/2026

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa para que el Estado pueda otorgar compensaciones a personas inocentes que pierdan su patrimonio como consecuencia de hechos de violencia, al señalar que las familias afectadas no pueden ser tratadas como daños colaterales.

El legislador explicó que esta propuesta surge luego de los hechos registrados el pasado domingo, cuando varias familias trabajadoras vieron destruidos sus vehículos tras ser utilizados por grupos criminales para generar miedo y posteriormente ser incendiados.

Barragán destacó que en muchos casos no se trata de bienes de lujo, sino de herramientas de trabajo que representan el sustento diario de las familias.

“Para muchas personas, ese taxi, esa camioneta de reparto o ese automóvil no es un lujo, es su forma de llevar comida a su casa. Cuando se pierde por la violencia, no solo se afecta un bien material, se afecta la estabilidad de toda una familia”, expresó.

Señaló que muchas de estas unidades no cuentan con seguro, ya sea por el modelo del vehículo o por falta de recursos, lo que deja a las familias en una situación de total vulnerabilidad.

Por ello, la iniciativa propone establecer un mecanismo claro para que, cuando una persona inocente pierda su patrimonio a causa de hechos violentos, el Estado pueda otorgar una compensación que le permita recuperarse y volver a empezar.

“Nadie debe ser daño colateral de la violencia. El Estado debe estar del lado de las familias trabajadoras que, sin tener culpa alguna, terminan pagando las consecuencias”, afirmó Barragán.

Finalmente, el diputado reiteró que esta propuesta busca brindar respaldo a quienes han sido afectados injustamente, reconociendo que la seguridad también implica proteger el patrimonio y la dignidad de las y los ciudadanos.