Dinero sin Fronteras: La Economía Migrante que Sostiene a Michoacán

No hay mejor indicador de la realidad económica de un estado que las cifras que se mueven fuera del discurso oficial. En 2024, Michoacán volvió a liderar la captación
de remesas en México con 115,700 millones de pesos enviados por los migrantes que, aunque lejos, siguen sosteniendo a sus familias y comunidades. Este flujo de
recursos supera lo recibido por estados como Jalisco, Guanajuato y Zacatecas,
consolidando a Michoacán como la entidad con mayor dependencia de los ingresos
migrantes. El dato no es menor: esta cifra rebasa el Presupuesto de Egresos del
Estado para 2025, que asciende a 98,935 millones de pesos.
Las remesas no son un fenómeno nuevo, pero su impacto sigue siendo
determinante. Más del 96% de estos recursos provienen de Estados Unidos,
donde los michoacanos han formado comunidades sólidas en estados como
California, Illinois, Texas y Georgia, construyendo con su trabajo una economía
binacional que, en términos prácticos, aporta más al estado que cualquier política
pública de desarrollo. Uno de cada cinco dólares que llegan a México en
remesas termina en Michoacán, lo que lo convierte en un caso de estudio sobre
la dependencia de estos ingresos y la falta de estructuras locales que puedan
ofrecer oportunidades reales para que la población no tenga que migrar.
MIGRANTES EN LA MIRA: DEPORTACIONES Y NUEVAS AMENAZAS
ECONÓMICAS
El escenario internacional ha cambiado y no a favor de los migrantes. Donald
Trump ha prometido la mayor operación de deportación en la historia de
Estados Unidos, lo que podría afectar directamente a cientos de miles de
michoacanos indocumentados. Más allá del discurso, su administración anterior
dejó claro que estas amenazas pueden convertirse en políticas reales: en 2019, las
deportaciones de mexicanos aumentaron un 30%, impactando directamente en los
estados con mayor flujo migrante como Michoacán, Jalisco y Guanajuato.
A esto se suman las presiones económicas. Estados Unidos, con su política de
nearshoring, busca fortalecer sus propias cadenas de producción en México, pero
sin comprometerse con las condiciones laborales de los trabajadores migrantes.
Además, el martes 4 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25% a las
importaciones provenientes de Canadá y México, lo que afectará indirectamente a
los migrantes, ya que la economía mexicana podría enfrentar una nueva crisis y con
ella una mayor presión sobre las familias receptoras de remesas.
El Banco de México ha alertado sobre la vulnerabilidad de estos ingresos en caso
de que se endurezcan las políticas antimigrantes. En 2023, las remesas
representaron el 4% del PIB nacional y para Michoacán esta cifra es aún más
impactante: las remesas equivalen a más del 15% del PIB estatal (dato de 2020),
superando sectores tradicionales como el agrícola o el industrial. La pregunta no es
si esto es sostenible, sino qué haría el estado sin estos ingresos.
EL DILEMA: ¿QUÉ HACER CON LA ECONOMÍA MIGRANTE?
El debate sobre las remesas siempre ha estado rodeado de cifras y análisis
macroeconómicos, pero pocas veces se plantea una discusión seria sobre su uso.
La mayoría de estos recursos se destinan al consumo inmediato: salud,
vivienda, alimentos y educación. Si bien esto contribuye al bienestar de miles de
familias, no genera un desarrollo estructural. Los gobiernos han fallado en
generar mecanismos que permitan que estos recursos se traduzcan en inversión
productiva. La alternativa no es que el gobierno toque ese dinero —porque no le
pertenece— sino que facilite herramientas para que las familias puedan hacer
más con él.
No hay una política integral de acompañamiento para las personas migrantes,
ni en su país de destino ni en su país de origen. Las ventanillas de atención
consular son insuficientes, los trámites administrativos siguen siendo un
obstáculo y la educación financiera para las familias receptoras sigue siendo
prácticamente inexistente. La migración es vista como un fenómeno natural
cuando, en realidad, es una consecuencia de la falta de oportunidades. Mientras
las y los ciudadanos en los municipios sigan dependiendo de las remesas como una
fuente de ingresos, la fuga de talento y capital humano continuará.
EL FUTURO: ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA RESISTENCIA
Michoacán no puede seguir viendo a su comunidad migrante solo como una fuente
de ingresos. El próximo año será crucial: si las políticas migratorias en Estados
Unidos se endurecen, el estado enfrentará un panorama en el que miles de
michoacanos podrían verse forzados a regresar sin una red de apoyo
estructurada. La inversión de remesas en bienes raíces ya es una tendencia
consolidada en el Bajío, pero el estado sigue sin ofrecer incentivos claros para
que estos ingresos se traduzcan en negocios, empleo y crecimiento local.
El economista Alejandro Portes, una de las voces más influyentes en el estudio de
la migración, ha señalado que los migrantes no solo envían dinero, sino que
generan redes económicas que podrían transformar las regiones de origen si
existiera una estrategia de integración efectiva. Hasta ahora, eso no ha
sucedido.
Lo cierto es que Michoacán tiene dos opciones: seguir dependiendo del dinero
que envían los suyos desde el extranjero o empezar a construir un modelo
donde la migración no sea la única alternativa de supervivencia. Los
migrantes han cumplido con su parte; el estado tiene el gran reto de estar a la
altura de su esfuerzo.
Josué Daniel Aguilar Guillén es un experto en migración, cooperación
internacional para el desarrollo y administración pública. Destacado por su
capacidad para analizar la interacción entre la migración y la economía local. Ha
colaborado activamente en programas de cooperación internacional, tanto con
universidades nacionales como con ONGs en el extranjero.

Dinero sin Fronteras: La Economía Migrante que Sostiene a Michoacán

Autor: Redacción

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