Advirtió esta tarde que “los gobiernos de Morena no pueden ser cómplices de nadie”
08:55 AM 10/07/2023
Tajante, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional
para la Defensa de la Cuarta Transformación, advirtió esta tarde que “los gobiernos de Morena no pueden ser cómplices de nadie”, y enel caso de la corrupción en el Instituto de Pensiones para los Servidores Públicos de Colima,
la gobernadora Indira Vizcaíno, “tiene que amarrarse los pantalones y presentar las denuncias correspondientes.”
Subrayó que ese asunto es de carácter estatal, de modo que el rescate financiero posible es que tiene que pagar el o los culpables, “porque no se vale
que 11 mil 200 millones de pesos delos trabajadores se hayan ido por el caño de la corrupción”.
Frente a las peticiones que le formularon diversos servidores públicos colimenses, para que intervenga en este escándalo que tiene en franco riesgo
de colapso financiero al sistema pensionario de la entidad, el político tabasqueño dijo que en la Cuarta Transformación “somos de una sola pieza” y enfatizó que siempre estará del lado de los trabajadores y más cuando se trata
de injusticias como la que están viviendo.
Sin embargo, aclaró que se trata de un asunto eminentemente local por lo que la gobernadora Indira Vizcaíno debe actuar de manera decidida: “Ya habrá tiempo de que la juzgue la historia, pero ahora tiene que actuar para dar solución a este problema, porque México ya cambió y la transformación no admite que ninguno de nosotros sea cómplice” de quien defrauda a los trabajadores mexicanos.
“Se aprovecharon de los trabajadores y no se vale. Los gobiernos emanados de Morena están obligados a actuar, a defenderlos. No podemos fallarles”, subrayó durante la Asamblea informativa que encabezó en este puerto colimense, en
su vigésimo primer día de los 70.
De acuerdo con los primeros reportes, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adscrito al arma blindada, habría intentado abandonar las instalaciones portando su arma de cargo.
Remarcó que su propuesta busca establecer límites precisos a la remisión de vehículos al depósito, prohibiendo que los reglamentos estatales y municipales operen al margen de la norma general y dejando atrás un sistema permisivo con los abusos.