Bedolla convoca al Congreso a endurecer la pena de prisión contra feminicidas

Autor: Redacción

Autor multimedia: Producción

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confío en que este jueves se apruebe, en el Congreso del Estado, la reforma al Código Penal de Michoacán con el que se agravan las penas por delito de feminicidio.

09:33 AM 28/09/2022

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre del 2022.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confío en que este jueves se apruebe, en el Congreso del Estado, la reforma al Código Penal de Michoacán con el que se agravan las penas por delito de feminicidio.

El dictamen con proyecto de decreto que se discutirá mañana en el Pleno del Poder Legislativo, propone modificar el artículo 120 del Código Penal estatal para castigar hasta con 60 años de prisión a quien cometa este delito en la entidad.

De acuerdo con el proyecto, el feminicidio se sanciona cuando existen antecedentes de violencia psicológica o abuso sexual contra la mujer o existan datos que establezcan amenazas o acoso relacionados con el hecho.

Cuando el cuerpo o restos de la víctima sean abandonados u ocultados en lugar público, despoblado, solitario o en un terreno o baldío, así como cuando el paradero de la víctima sea desconocido o haya sido incomunicada.

También establece como castigo cuando existen relaciones de poder o situaciones de vulnerabilidad, subordinación o discriminación; y se aproveche la confianza con la víctima derivada de una relación sentimental, de pareja o de cualquier índole.

En el caso de que la víctima se encuentre embarazada, a la pena se le adicionan de 15 a 35 años de prisión entre otras consideraciones establecidas en dicho artículo.

Al respecto, el gobernador refirió que con esta reforma avanza la justicia y lucha social de las mujeres y familiares de víctimas, además de que se refuerza el sistema para erradicar la violencia de género en la entidad.

Lo anterior tras recordar que el Ejecutivo del Estado presentó recientemente una iniciativa para homologar el Código Penal con el federal para también castigar a servidores y funcionarios públicos que sean omisos o entorpezcan las investigaciones judiciales por feminicidio.