|
En México hemos avanzado significativamente en la construcción de una democracia representativa; la alternancia de poder en los diferentes niveles de gobierno es una realidad, la pluralidad es una constante en los congresos federal y estatales, y la elección de miembros de los poderes judiciales federal y locales se efectúa de manera transparente. Hay el reconocimiento de que en el país hoy contamos con elecciones cada vez más limpias, organizadas por órganos ciudadanizados y confiables. Sin embargo, la población sigue demandando la construcción de espacios de participación que permitan que: sus voces, sus puntos de vista, sus demandas y sus propuestas, sean escuchadas y tomadas en cuenta por quienes, de manera formal, y a través de los espacios de representación que la propia ciudadanía les ha confiado, tienen la responsabilidad de ejercer la función pública. En ese ámbito hay también el reconocimiento de que los avances en la integración de formas de participación ciudadana estimulan el diálogo social como una acción orientada al entendimiento y la adopción de acuerdos positivos para la colectividad. La experiencia cada vez mayor de la organización social con fines colectivos ha venido creciendo en el mundo, a través de la construcción de mecanismos y acuerdos que no necesariamente resultan en alcanzar lo que cada una de las partes, en lo particular consideran como deseable, pero si lo que en conjunto consideran como lo posible. Los consejos económicos y sociales, como espacios de participación de carácter nacional o regional, tienen su origen a mediados del siglo XIX en la Revolución Francesa. Su objetivo original fue el de buscar dirimir las posiciones encontradas de empresarios y trabajadores organizados en un momento de crisis y contradicciones económicas. De entonces a la fecha las características de los consejos económicos y sociales surgidos, primero, en prácticamente todas las naciones europeas y en la Unión Europea como comunidad supranacional, y después en otras naciones, como Sudáfrica, y algunas naciones y regiones latinoamericanas (Brasil, Centro América) han adquirido características y objetivos diferentes y particulares, de acuerdo a las prioridades que cada una se ha planteado, pero con el común denominador de dejar saldos positivos para las colectividades dentro de las que se han desarrollado. En México, la experiencia en este campo es aún joven; los primeros intentos para construir consejos económicos y sociales se han dado en algunas entidades federativas como Tlaxcala, Jalisco y más recientemente el Distrito Federal, con diferentes grados de éxito y avance. También se ha presentado una Iniciativa de Ley en el Senado de la República para crear con el Consejo Nacional Económico y Social. En Michoacán, atendiendo a la demanda y los comentarios de integrantes organizaciones sociales, productivas y académicos, así como de la opinión coincidente del Ejecutivo del Estado, presentada durante diversas reuniones de trabajo convocadas para los efectos, y de las experiencias y puntos de vista señalados por ponentes nacionales internacionales, especialistas en la materia, durante el Foro Internacional sobre Consejos Económicos y Sociales, celebrado los días 28 y 29 de octubre pasado en Morelia, se trabajó en la formulación y revisión de la Iniciativa de Ley para la conformación del Consejo Económico y Social de Michoacán, CES-MICH, que hoy se presenta por conducto del suscrito ante el pleno del Congreso Local. Estará integrado por representantes de: organizaciones empresariales y de trabajadores sindicalizados, pequeñas y medianas, dedicadas a actividades productivas: industriales, agropecuarias, pesqueras y del campo; de la sociedad civil: académicos, profesionistas, consumidores, ambientalistas, de equidad de género, indígenas, emigrantes y derechos humanos, con una representación de las diferentes regiones geográficas de la entidad.. El CES-MICH deberá ser un órgano de Estado, ciudadano, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios y de naturaleza consultiva. Se constituirá como un espacio para la concertación social, operando de manera colegiada, en contacto permanente con las instituciones de gobierno; sus consejeros serán de carácter honorífico. Asimismo, de oficio deberá emitir recomendaciones a los órganos públicos estatales, respecto de proyectos de leyes, decretos y propuestas de programas que tengan trascendencia en el desarrollo económico y social de Michoacán. El CES-MICH deberá ser una institución puente entre la sociedad civil y el gobierno del Estado de Michoacán y sus municipios, buscando crear un diálogo entre sectores de la propia sociedad civil y llevar la voz de éstos ante las instancias gubernamentales y con ello contribuir a que las decisiones administrativas en materia de desarrollo económico y social partan de un consenso sociedad-gobierno. |
