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La creciente defraudación y despojo de terrenos y bienes inmuebles en México, involucra hoy no sólo a autoridades, sino a Notarios Públicos y Bancos. En el pleno de la Asamblea Constituyente, el líder nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, denuncia que el delito de despojo en la Ciudad de México ha crecido en forma alarmante sin que las autoridades hagan algo por detener éste flagelo que atenta contra el patrimonio familiar. “Los datos que son alarmantes: 2010, tres mil 048 despojos en la ciudad; 2011, tres mil 292; 2012, tres mil 184; 2013, tres mil 177; 2014, tres mil 049; 2015, tres mil 247; más de 18 mil despojos de tierra en esta ciudad y aquí quieren poner en la Constitución un derecho para que mediante una resolución judicial nadie haga nada”, afirma. El diputado constituyente señala que la naciente Constitución de la Ciudad de México no puede ser hecha para las clientelas políticas de la izquierda ni quitarle recursos a la autoridad para que el delito de despojo sea castigado. “Los desalojos se podrán dar, evidentemente, mediante una resolución judicial legal. Tratar de justificar el por qué no hacen desalojos de los mismos grupos que ustedes mandan a ocupar terrenos, para después tratar de construir vivienda ahí”, enfatizó. El Dr. Flores Cervantes destacó que el Partido Encuentro Social está a favor del Derecho a la Vivienda. “Desde luego que sí hay que ponerlo en la Constitución, desde luego que hay que crear después una ley adjetiva que le dé solidez a este principio del derecho a la vivienda; lo que no se vale es tratar de una vez en este texto constitucional, crear un derecho a la inacción gubernamental”, dijo. Sin embargo, agregó, en el proyecto que quedó afirma que se adoptarán medidas de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. “Cientos y cientos de resoluciones judiciales que obligan de manera legal a un desalojo, no son practicadas ni apoyadas por la autoridad administrativa de esta ciudad capital, porque solamente le hablan a sus clientelas”, denunció. “Derecho a la Vivienda, sí, pero no provocado en la inacción gubernamental para practicar desalojos legales, mediante una resolución judicial”, finalizó. |
